Las cuchillas y las multas son para los pobres

El jueves pasado, 3 de abril, los titulares de varios medios de comunicación mayoritarios parecían sacados de alguna página humorística. A Esperanza Aguirre le habían puesto una multa por haber estacionado en el carril bus en Madrid, mientras sacaba dinero de un cajero.

Desoyendo las indicaciones de los agentes de movilidad, la ex-presidenta de la Comunidad de Madrid habría arrancado el coche y huido del lugar, arrollando la moto de un agente durante el proceso. No hace falta entrar en muchos más detalles porque la historia ha sido muy repetida durante todo el fin de semana. Era uno de esos momentos en los que te preguntas “¿esto está sucediendo de verdad?”. La cosa además fue mejorando durante los días posteriores, con Aguirre lanzándose a dar su versión de los hechos en distintos programas de televisión o medios de comunicación, rayando en el estado de bersek en directo.

La diferencia del trato que cualquier ciudadano a pie tiene con la policía y el que tiene Aguirre es evidente. Aunque la Thatcher hispana debió arrepentirse de que que durante su mandato no le diese tiempo a privatizar la policía de la Villa y Corte, implantando una especie de compañía de seguridad privada, tipo la Lone Star del Seattle cyberpunk de Shadowrun, el trato que les deparó era básicamente el que debe reservar para los lacayos o empleados sustituibles. O al menos eso se puede deducir de lo que se describe en el atestado policial, así como de sus quejas posteriores al incidente. Y claro, eso contrasta con lo que experimenta el trabajador medio que, sufriendo una crisis que él no ha contribuido a crear, derivada de una situación de expansión económica de la que no se benefició, sigue obligado a pagar la misma cantidad que hace años en caso de cometer una infracción administrativa, sea cual sea su situación económica o laboral. Lo cual puede explicar por qué hace poco menos de un año, las cifras de recaudación de multas de tráfico en València ciudad habían caído al 19%, disparándose la morosidad en el pago de las mismas.

Pero retrocedamos en el tiempo, a un poco antes de este culebrón motorizado. El lunes 31 de marzo, durante el funeral de Adolfo Suárez, el primer presidente del actual régimen democrático, Mariano Rajoy y Su Majestad el Rey Don Juan Carlos recibían a varios representantes extranjeros. Y estrecharon la mano de Teodoro Obiang, el dictador que gobierna Guinea Ecuatorial con mano de hierro desde hace décadas, aunque eso sí, esquivando las cámaras.  La Moncloa aclaró que no habían invitado expresamente a Obiang, sino a las embajadas de distintos países, entre ellos, Guinea Ecuatorial. Y claro, la embajada de ese país le había enviado a él. Hay que aclarar que Obiang no es un dictador de un régimen de esos de los de ahora, de los que habla El País, donde el cargo se obtiene ganando elecciones, con apoyo popular, aguantando golpes de estado apoyados por Estados Unidos y con la herramienta del referéndum revocatorio. Vamos, que no es Venezuela. No, Obiang es un dictador old school, de los que viola derechos humanos, explota los recursos naturales para beneficio de unas cuantas élites y sin que sus ciudadanos vean ni un ápice de redistribución, e incluso tiene sumida a la mitad de la población en una situación de falta de acceso al agua potable.

Y así, Obiang acudió al funeral de Adolfo Suárez, y cumplió con el ritual democrático. E incluso más tarde, Su Majestad el Rey Don Juan Carlos intercedió a su favor, para que pudiese visitar el Instituto Cervantes y diese una charla sobre el español en África. Una charla que pronunciaría quizás en el mismo momento en el que cientos de trabajadores migrantes, provenientes de países del África subsahariana sufrían cortes y laceraciones provocadas por las cuchillas que el Gobierno había decidido instalar en las vallas de Ceuta y Melilla para “solucionar” el “problema” de la inmigración irregular. Para el gobierno español, igual que para seguramente muchos otros gobiernos, sean europeos o africanos, el problema parece estar en la inmigración irregular, no en las condiciones dramáticas que llevan a muchos trabajadores a abandonar su hogar y saltar una afilada valla. Y para solucionar este “problema” se reunen en cumbres, algunas de ellas con la presencia de Mariano Rajoy y Teodoro Obiang, por supuesto. Al igual que en el caso de Aguirre, el comportamiento de Obiang para con los miembros de las élites españolas, y el trato que recibe de ellos, es bastante diferente al que probablemente experimentan sus compatriotas guineanos, y no digamos ya si hablamos de los ciudadanos de otros países africanos. Un contraste extraño.

Tanto las cuchillas como las multas son para los pobres. No se trata de la misma situación, ni la misma problemática, porque al fin y al cabo parece razonable preferir que a uno le caiga una multa que desangrarse de madrugada y pasar a ser una cifra que se menciona en el Consejo de Ministros a la mañana siguiente. Y además, la figura de la multa puede entenderse que tiene su lugar en un ordenamiento democrático, dirigida a castigar infracciones administrativas, mientras que una cuchilla destinada a cortar miembros humanos no parece una medida razonable ni proporcional. Pero la lógica de ambas figuras revela que existen personajes, élites, que están por encima de ellas, inmunes e invulnerables.

Aguirre puede criticar el supuesto machismo de los agentes de movilidad, u Obiang el presunto racismo de la Justicia francesa que investigó sus propiedades en ese país. Pero cuando se vayan a dormir en su casa sin preocuparse de cómo pagar una multa de tráfico o una hipoteca, o cuando cenen con Rajoy y comenten algún chascarrillo de sobremesa, lo harán sin preocupaciones. Porque pertenecen a una clase, a un grupo social, que vive una vida tranquila, una muy buena vida. A costa del perjuicio, o directamente de la miseria de las mayorías sociales que tienen por debajo.

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