De muertos invisibilizados y obscenidades

En 1998 Warren Beatty protagonizó Bulworth, la historia de un senador demócrata en campaña que quiere suicidarse. Al inicio de la película, Bulworth ha pasado de ser un joven idealista de izquierdas a un político aposentado en el establishment bipartidista, aceptando donaciones de empresas y lobbies. Decidido a quitarse la vida, se ve liberado de la presión de tener que sonreír ante las cámaras una vez ha aceptado su destino, empieza a soltarse la lengua durante la campaña electoral y a decir lo que piensa. Llega a irse de fiesta y acaba rapeando. Esta nueva imagen le convierte en una sensación mediática, y empieza a captar la atención del voto de clase trabajadora, en particular afroamericano. Su campaña se revigoriza y él mismo vuelve a entrar en contacto con sus ideas más izquierdistas de juventud. No pongo más de la trama para no soltar spoilers.

La película tuvo cierto éxito con la crítica y es interesante, aún cuando peque de algunas de las típicas fantasías simplistas de cartón y visión culturalista (el político ¡rapea! Y a causa de ello ¡la revolución empieza! Hoy en día igual le pondrían pinchando un mash-up de kuduro y moombahton). Pero incluso debajo de esa fachada un poco típica, hay momentos en el largometraje en los que Warren Beatty se dirige a la cámara y suelta eso que los americanos llaman realtalk, y que aquí denominaríamos verdades como puños. Tan vigentes entonces como hoy en día, incluso con un presidente de los Estados Unidos que no rapea, pero que hace guiños al mundo del hip-hop entre drone y drone.

Por ejemplo, durante una entrevista en televisión, la presentadora pregunta al senador Bulworth por su uso de tacos y obscenidades en su nueva faceta de político MC:

Senador ¿por qué este nuevo estilo de campaña? ¿Por qué esta nueva forma de vestir y hablar… su forma étnica de hablar, su ropa… este uso de obscenidades?

A lo que Bulworth le contesta con un freestyle, rimando sobre todas las cosas que deberían parecer más obscenas a la gente que el uso de cuatro tacos en canciones de rap, entre otras cosas:

    Saben que los ricos se están enriqueciendo más y más y más
Mientras que la clase media se está volviendo más pobre […]
Porque el cabronazo más rico de entre cada cinco
Se lleva el 98% de todo
Y todos los demás cabronazos se quedan
Preguntándose cómo coño ha pasado todo.
¿Obscenidades?

A raíz del trágico asesinato de la presidenta de la diputación de León, Isabel Carrasco el pasado martes, el Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha afirmado que tenía la intención de perseguir las bromas o burlas que se habían publicado en Twitter sobre el suceso dando a entender que plantearían algún tipo de reforma legal a tal fin (según la noticia, se “estudiarían instrumentos legales adicionales para perseguir los delitos”, pero si no se pueden perseguir esos comentarios, es precisamente porque ahora mismo no constituyen hecho delictivo, con lo cual parece que únicamente a partir de una reforma del Código Penal podrían comenzar a considerarse como tales los que se produjesen en un futuro; excepción hecha de aquellos que se entiendan incluidos en el tipo penal de enaltecimiento del terrorismo). Fernández Díaz ha declarado que: “a incitación al odio, la apología del delito es una conducta que debe de tener reproche”.

Eso de la “incitación al odio” parece un poco como lo de las “obscenidades” de Bulworth. Llama la atención que haya algunos comentarios o mensajes en contra de víctimas de violencia o de desgracias que puedan constituir una “incitación al odio” para el Ministro, mientras que otros no lo son. Y parece ser que un factor determinante es quién los recibe, o se ve perjudicado por los mismos. Porque hay víctimas, muertos, que son anónimos, cuyo nombre no repiten tan a menudo los medios de comunicación mayoritarios, ni cuyo caso interesa tanto al ministro Fernández Díaz.

Por poner un ejemplo, el 11 de noviembre de 2010 Juan, un padre de familia, en paro, con la prestación por desempleo agotada y a punto de ser desahuciado del piso que había ocupado para poder dar un techo a su familia, se ahorcó en l’Hospitalet. El 3 de abril de 2012, fue Joaquín, un albañil de 45 años quien se suicidó, también mediante la soga, en Valencia. El 17 de diciembre del mismo año se quitó la vida Jordi, un transportista de 47 años en situación de desempleo en Ardales, Málaga. Tres casos de muchos más parados a consecuencia de la crisis que han acabado con su propia vida al no poder soportar entre otras cosas, la privación económica que padecían. En Salud Pública sabemos, gracias a investigadores como David Stuckler, que el incremento del desempleo durante las crisis económicas está asociado al aumento de los suicidios. Y además, la inversión pública en políticas de inserción en el mercado laboral, modera o puede llegar a hacer desaparecer esa correlación. Dicho de otra forma, aunque haya generalmente el aumento del paro haga incrementarse también los suicidios, si un país invierte lo suficiente en políticas de inserción en el mercado laboral, puede contrarrestar este efecto. Parece lógico entender que un parado que cuente con protección social, sea más probable que piense que existe luz al final del túnel, que uno que se ve arrojado al vórtex del libre mercado.

Todo ello no es óbice para que se haya convertido en común leer a miembros de la patronal como José Vicente González hablar de que los parados no pueden “ponerse exquisitos” con el tipo de trabajo al que quieren aspirar, o a think tanks-lobbies como FEDEA afirmar que cobrar el paro “desincentiva la búsqueda de trabajo”  (falta el “guiño guiño Gobierno, recorta ahí”) o el Instituto de Estudios Económicos (vinculado a la patronal) pedir que se recorten las prestaciones por desempleo. Estas declaraciones no están personalizadas en Juan, Joaquín o Jordi como los twits en Isabel Carrasco, pero atañen a la situación en la que se encontraban los tres  que les llevó a quitarse la vida. También pretenden influenciar el futuro de todos aquellos que puedan pasar por el mismo trance. Porque, aunque no sean twits gastando bromas sobre la muerte de una persona en concreto, no se hacen esas afirmaciones por nada: se hacen para influenciar políticas que tendrían efectos reales en la vida de personas en condiciones socioeconómicas similares a las de Juan, Joaquín o Jordi. ¿Obscenidades?

Otro caso sería el de los subsaharianos muertos cuando intentaban cruzar a nado la frontera en Ceuta. La dignidad del recuerdo de Larios Fotio o Ibrahim Keita, ahogados creyendo que podrían llegar a España a trabajar, no parece que preocupe demasiado al Ministro de Interior. De hecho, ni siquiera se ha preocupado el Ministerio de hacernos llegar su nombre, y sólo el trabajo de la investigadora Helena Maleno ha intentado contrarrestar que se conviertan en impersonales imágenes de noticiario y pasen a ser nombres de trabajadores muertos. En este caso, la implicación de Interior es mayor, puesto que numerosos activistas denuncian que la Guardia Civil disparó pelotas de gomas a los fallecidos cuando estaban nadando en el agua, lo cual habría provocado su muerte, y que el Ministerio no habría hecho otra cosa que mentir sobre el suceso para intentar proteger su imagen. Después de esta tragedia, en varias tertulias se ha agitado el fantasma de la “invasión inmigrante”, o se ha acusado a los muertos de “morirse solos porque no saben nadar” o de venir “con armas blancas” por parte de Alfonso Merlo. ¿Obscenidades?

Ni los comentarios de los think tanks financiados por Repsol o de la patronal, ni las argumentaciones de Alfonso Merlo son delito, y entran dentro de su libertad de expresión, por mucho que podamos estar en desacuerdo con algunos o nos desagraden otras. Por eso llama la atención que se esgrima la amenaza del Código Penal cuando los comentarios no son acerca de parados o de trabajadores, sino sobre una política de uno de los dos partidos mayoritarios, que estaba en una situación socioeconómica mucho más privilegiada que probablemente la inmensa mayoría de la población de este país, con 13 sueldos y sospechas de corrupción. Es bastante probable que la mayoría de personas se sientan más identificados con Juan, Joaquín o Jordi, porque han pasado por una situación de desempleo, o se la han visto pasar a alguien cercano. Y también con Larios o Ibrahim, porque al margen del color de piel que se tenga o la religión que se siga, la mayoría social de este país tiene que trabajar para vivir. Y en concreto sobre la vida de muchos jóvenes pende la posibilidad de verse obligados emigrar para poder hacerlo, por suerte sin vallas que saltar, pero con la desgracia de tener que abandonar a familia y seres queridos. Carlos Delclós señala esta extraña ambivalencia al investigar algunos comentarios e ignorar los que se vertieron sobre el tema de Ceuta o Lampedusa.

Entonces, ¿por qué los twits sobre la muerte de Isabel Carrasco incitan al odio y provocan la respuesta del Ministro de Interior, y no lo hacen, no ya los comentarios sobre los derechos de los trabajadores en paro o de los trabajadores inmigrantes, sin directamente las políticas que tienen que ver con sus muertes? ¿Por qué esos muertos son invisibilizados, se les quita el nombre y casi se les arrancan las huellas dactilares, mientras la memoría de otra difunta es protegida con reformas legislativas inclusive? Como decíamos el otro día: existen intereses contrapuestos entre distintas clases sociales. Y la respuesta que va a haber por parte de alguien que pertenece a cierta clase social cuando atacan a alguien de su misma clase, no va a ser la misma que cuando la víctima pertenece a una diferente.

Y así, a quien han detenido hoy por expresarse en España, no ha sido nadie que diga que hay que recortar la prestación por desempleo durante una crisis. No ha sido alguien que acusa a los muertos en Ceuta de ahogarse por su propia culpa. Ha sido un joven valenciano que se había dedicado a lanzar boutades sobre políticos y rifles de asalto. ¿Obscenidades?

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