“Coerción y distribución en un supuesto Estado no coercitivo”: Robert L. Hale

Anteayer saltaba la noticia. Juan Ramón Rallo ha fichado por el programa de Mariló Monteró, la presentadora del programa “La Mañana” de Televisión Española. No nos parece mal, en principio, que un representante de una escuela marginal (pun intended) de economía pueda plantear sus puntos de vista. Eso forma parte, entiendo, del necesario “pluralismo”, aunque ya puestos a traer gente fuera del “mainstream” a los mass-media públicos (en España, del gobierno de turno) podían fichar también a un economista heterodoxo de la “acera de enfrente” para darle la réplica.

Uno pensaría que ahora que el proceso de desmantelamiento del llamado “Estado del Bienestar” para la aristocracia obrera europea va viento en popa a toda vela, y nunca mejor dicho porque de piratas hablamos, aunque no tan románticos, no está mal que salga Rallo en la tele para que pensemos que las medidas que la Gran Coalición PPSOE tomará, después de todo, no serán para tanto. Por si acaso no Podemos.

Dicho lo cual, me llamó la atención leer cómo en la versión original de la noticia publicada en Eldiario.es, se le presentaba como el “máximo representante del pensamiento libertario en España”. Y lo hizo porque en España (y podría decirse que en toda Europa), el término “libertario” no tiene el mismo significado que “libertarian” en Estados Unidos, de igual forma que tampoco lo tiene, por ejemplo, liberal, con lo cual pensé a cuánta gente habría engañado la confusión terminológica.

Si aquí el adjetivo “libertario”, suele evocar las ideas del anarquismo o anarco-sindicalismo, presentando una crítica radical del capitalismo, en Estados Unidos el término hace referencia a aquellos defensores de la primacía de la “libertad individual”, valor que generalmente se entiende que sólo puede florecer en su máxima expresión bajo una economía de libre mercado, con una intervención mínima o incluso nula del Estado. Generalmente se hallan asociados, como Rallo, a la escuela austríaca en Economía. El término es a veces traducido como “libertariano” o “libertarista” en castellano, precisamente para evitar la confusión con “libertario”.

Por poner un ejemplo de sus enormes diferencias: la postura anarquista respecto a las distintas luchas sociales alrededor de servicios públicos o derechos sociales tiene sus complejidades. Algunos anarquistas piensan que no es conveniente apoyar constructos que al fin y al cabo descansan en una legitimidad de democracia representativa estatista como son estos servicios públicos o derechos sociales. Otros creen que sí que resulta lícito defenderlos en tanto en cuanto suponen concesiones arrebatadas al Estado por parte de la clase trabajadora. En cualquier caso, no confían en el capitalismo como proveedor de estos servicios o garantes de los derechos.

Los libertarianos, sin embargo, tienen otro punto de vista, quizás más simplificador: directamente creen que no debería existir servicios públicos, puesto que prácticamente todos deberían estar proveidos por agentes privados en un mercado libre (hay distintas opiniones respecto al caso de los bienes públicos), y no creen que existan “derechos sociales”, puesto que adoptan el punto de vista de que lo único que existe en las relaciones sociales es el individuo, y de ahí se sigue que los únicos derechos a sostener serán los que a éste correspondan.

Así, para los libertarianos, uno de los principios “sagrados” es aquel que impide a unos individuos imponer algún tipo de medida coercitiva a otros, argumento en el que basan, por ejemplo, toda su oposición a políticas de redistribución de la riqueza o directamente, que busquen garantizar derechos sociales a costa de imponer cargas tributarias a los individuos. Traducido: piensan que si quieres tener derecho a la sanidad, te la tienes que pagar, pero no “imponer” de forma “coercitiva” el que otros la financien con sus impuestos.

Tomando el punto de vista de parte de algunos autodenominados “liberales” y llevándolo a la enésima potencia, los libertarianos consideran que el sistema de libre mercado, en ausencia de regulaciones o actuaciones colectivas (que entrañan coerción), es un sistema perfecto (o al menos el menos imperfecto posible) en el cual los individuos operamos con total libertad, intercambiando y cooperando de forma voluntaria.

Pues bien, una de las críticas más demoledoras a esta idea de que el sistema de libre mercado, y las reglas de propiedad privada que entraña, están libres de ningún tipo de coerción, fue publicado hace ya casi un siglo, en 1923, por Robert L. Hale, profesor de Derecho en Columbia University, licenciado en Derecho y Economía: “Coerción y distribución en un supuesto Estado no coercitivo”, del cual os ofrecemos la traducción.

En el texto, Hale procede, con el rigor y minuciosidad, a desmontar la ficción de que el libre mercado realmente existente refleja derechos de propiedad “pre-existentes” al propio mercado, cuando en realidad, lo que éste hace es crear esos mismos derechos. La codificación como norma de derechos de propiedad es una consecuencia misma del mercado, con lo cual el intercambio dentro del mismo no se hace en base a unos derechos “naturales”, sino a normas generadas ya en sociedad, en base a las relaciones de propiedad (y yo añadiría, de poder) existentes. Es decir: el propietario ejerce la coerción incluso aunque ésta se presente como un “intercambio voluntario”. Si una persona es propietaria de los medios de producción e impone unas condiciones laborales a un trabajador, es capaz de hacerlo en base a una “coerción” subyacente: que el trabajador necesita trabajar para vivir. De nada sirve afirmar que se hallan en un “mercado libre” y que nadie le pone una pistola en la cabeza al trabajador para aceptar esas condiciones. El trabajador no es totalmente libre de negarse a aceptar esas condiciones, porque necesita poner comida en la mesa y tener un techo bajo el que vivir. Cosa que hay que recordar cuando, desde ciertos opinadores, se nos recuerda a propósito del tema de las víctimas directas de la burbuja inmobiliaria, desahuciados en la calle para satisfacer intereses económicos de unos poderosos, que nadie “les obligó a contratar una hipoteca” o que “nadie les puso una pistola y les exigió que viviesen en un piso”.

Esperamos con ello que este artículo pueda ayudar a disipar algunos eslóganes que no por superficialmente atrayentes para cualquiera que no esté en el mundo real (o que sea de los más acomodados dentro de él) son más ciertos.

Coerción y distribución en un supuesto Estado no coercitivo

Robert L. Hale

“Y mientras la Cámara de los lores detenga su mano legisladora,
Y el noble estadista no se meta en cosas que no entiende,
Brillará sobre la Gran Bretaña la luz del Sol, cegadora,
Como brillaba en los gloriosos tiempos del Rey Jorge”.

DE W.S Gilbert Lolanthe

Al autodenominado individualista le gustaría que su filosofía predominara entre los políticos, nobles o no, y que incluyera todas las materias económicas que la gente no entiende. La función práctica de esta teoría económica es meramente demostrar a los políticos que están más guapos dejando estas cuestiones en paz. Tanto en asuntos domésticos como de política exterior, no deberían tratar de controlar el funcionamiento “natural” de los acontecimientos económicos. Esta parecería ser la visión general del Catedrático Thomas Nixon Carver, aunque el también se nos presenta frecuentemente como un nacionalista. Pero un donoso escrutinio, mostrará, pensamos, que se trata de una visión falaz, y que los sistemas defendidos por los acólitos del laissez-faire están en realidad repletos de limitaciones coactivas a la libertad individual, y de limitaciones, asimismo, que no están en conformidad con cualquier fórmula que permita cierta “igualdad de oportunidades” o “preservar los iguales derechos de otros”. Cierto tipo de coaciión restrictiva de los individuos es absolutamente inevitable, y no puede ajustarse ninguna fórmula de Spencer. Puesto que las restricciones coactivas tenderán a afectar la distribución de la renta y la dirección de las actividades económicas y asimismo a los intereses económicos de personas que viven en el
extranjero, los políticos no pueden evitar interferir en materias económicas, interiores o exteriores. Por lo tanto es necesario desarrollar una teoría económica y legal que les guíe.

Comenzamos con un análisis del sistema del Catedrático Carver. Su individualismo no es plenamente ortodoxo, pues es consciente de una cierta restricción de la libertad en el sistema por el que aboga. (Principles of National Economy. Thomas Nixon Carver. New York, Ginn)

Ciertamente, su afirmación en la página 747 es demasiado pragmática para satisfacer al discípulo doctrinario de Spencer. En cada caso de intervención gubernamental analizada se pregunta: ¿son los males que se pretende reprimir mayores que los que acompañan a la represión, y son los males con los que ha de acabar la regulación, mayores que los anejos a la propia regulación?

Tal método de proceder debe considerar, valorar y comparar los males de ambas alternativas. Si bien tanto por el paternalista como el individualista pueden aceptar este test, las conclusiones finales del autor no difieren, en sustancia, de las de los más ortodoxos de estos últimos. Carver piensa que el gobierno debería tener competencias para evitar el fraude y la agresión, para establecer patrones de medidas y pesos, monedas y calidades, para hacer cumplir los contratos, dirigir ciertas empresas (como los faros) que difícilmente podrían estar en manos privadas, regular precios de monopolio y controlar a los débiles mentales y a los incompetentes por su propio interés. No debería obligar a la gente a trabajar, ni debería, con raras excepciones, asumir la tarea de dirigir hacía qué canales debería fluir la industria. Debería, sin embargo, evitar que cualquier individuo o grupo ejerciera la coerción. El gobierno también debe exigir tributos; debe restringir la inmigración y proveer oportunidades educativas.

Este plan, en apariencia, expone a los individuos a muy poca coerción por parte del gobierno y a ninguna a manos de otros individuos o grupos. Y sin embargo, en realidad los expone a la coerción de ambos, o al menos a una clase de influencia indistinguible en sus efectos de la coerción. Esto, como pronto aparecerá claramente, es lo que se espera. Mientas tanto, tengamos en mente que llamar coercitivo a un acto no implica necesariamente condenarlo. Como la palabra “coerción” parece llevar consigo el estigma de la impropiedad, se niega con frecuencia el carácter coercitivo de muchos actos inocentes.

¿Qué hace el gobierno cuando “protege un derecho de propiedad?

Pasivamente, se abstiene de interferir de cualquier modo en la propiedad de una persona. Activamente fuerza al no propietario a desistir de usar esta propiedad a menos que sea con consentimiento del propietario. Pero para el autor que criticamos el gobierno está meramente evitando que el no propietario use la fuerza contra el propietario. Esta explicación está claramente en contradicción con los hechos pues el no propietario no puede usar la propiedad del dueño incluso cuando ese uso no implica violencia o fuerza en las cosas. Cualquier jurista le hubiera dicho que el derecho de propiedad es mucho más amplio que la mera protección contra la desposesión por la fuerza. Al proteger la propiedad el gobierno está haciendo algo más que simplemente mantener la paz. Está ejerciendo la coerción hasta donde sea necesario para proteger al propietario, no meramente de la violencia, sino también de la violación pacífica de su derecho exclusivo al uso y disfrute de la cosa poseída.

Ese, sin embargo, no es el aspecto más significativo de la coerción presente en relación con la propiedad. El propietario expulsar al no propietario que, mediante un contrato, trabaja en su propiedad. Puede expulsarlo o no, a su discreción. Expulsarlo puede tener o no consecuencias desagradables para el no propietario que nacen de la creación por el Derecho de un deber legal. Para evitar esas consecuencias, el no propietario puede estar dispuesto a obedecer la voluntad del propietario, siempre que la obediencia no sea en si misma más desagradable que las consecuencias que se pretenden evitar. Esa obediencia puede adoptar la forma trivial de pagar cinco céntimos comer legalmente una bolsa de cacahuetes particular, o puede tomar la forma más significativa de trabajar para el dueño de una manera extenuante y por un magro salario.

En cada caso la conducta está motivada, no por cualquier deseo de actuar precisamente de esa manera, sino por el deseo de escapar de una alternativa más desagradable. El caso de los cacahuetes, la consecuencia sería, o pasar sin ellos de momento, o aceptar los términos de otro propietario. Presumiblemente al menos una de esas consecuencias sería tan mala como la pérdida de cinco céntimos, o el comprador no los compraría; pero una de ellas, al menos, no sería peor, o el propietario podría exigir que se pagara más.

¿En el caso del trabajo, ¿cuáles serían las consecuencias de no someterse a los términos del propietario? O la ausencia de salarios, o la obediencia a los términos de otro patrono. Si el trabajador no tiene dinero, la amenaza de un patrón particular de no pagar una cantidad determinada de dinero podrá ser eficaz para asegurar la obediencia del trabajador en función de la dificultad de encontrar otro empleo. Si el no propietario trabaja para alguien, es para evitar el cumplimiento de la amenaza de al menos un dueño de dinero de no pagarle esa cantidad de dinero (con el auxilio de la ley)

Supongamos, ahora, que el trabajador decidiera no someterse a la coerción de ningún patrono, pero escogiera cumplir con su deber legal de abstenerse de emplear el dinero que es propiedad de otro (sin su consentimiento) Debe comer. Aunque no hay ninguna ley que prohíba comer, hay una ley que le prohíbe comer cualquier comida que haya en la comunidad, y esa es la ley de la propiedad. Puede ser que, a discreción del dueño de la comida, se alce tal prohibición, pero si todos los dueños rehúsan dejar sin efecto esa prohibición, el no dueño se morirá de hambre a menos que pueda producir su propia comida. Y es muy probable que los propietarios rehúsen, puesto que no tiene dinero. Ninguna ley les obliga a darle comida por nada. A no ser, por tanto, que el no propietario pueda producir su propia comida, la ley le obliga a morirse de hambre si no tiene salarios, y le obliga a no tener salarios a menos que obedezca los mandatos de algún patrono. Es la ley la que le fuerza al trabajo asalariado bajo pena de muerte por hambre (a menos que pueda producir comida) ¿Puede? Tampoco hay ninguna ley que prohíba producir comida; pero en todo país donde se reconoce el derecho de propiedad sobre la tierra hay una ley que le prohíbe cultivar cualquier porción particular de la tierra a menos que sea propietario. De nuevo es la ley de la propiedad y de nuevo no dejará de existir la prohibición si no tiene dinero. Esa manera de huir del dilema (legal e institucional) de morir de hambre o obedecer está cerrada para él.

Puede ser que hayamos pasado por alto una vía de escape, conseguir dinero de forma distinta al trabajo asalariado. ¿Es que no puede hacer dinero vendiendo cosas? Pero una vez más, las cosas no pueden producirse en cantidades suficientes para mantenerlo vivo a menos que se emplee una maquinaria elaborada. Usar esa maquinaria es ilegal, salvo en los términos del propietario. Y esos términos implican la renuncia (normalmente) a cualquier derecho o título sobre lo producido. En breve, si no es un propietario, la ley que le prohíbe producir sin los equipos existentes, y la ley que le prohíbe comer cualquier comida existente, sólo dejará de tener efecto si consigue ser empleado por un patrono.

Es la ley de la propiedad la que “obliga” a la gente a trabajar para los dueños de las fábricas, aunque, como veremos, los trabajadores por regla general pueden ejercer una contra-coerción suficiente para limitar materialmente el poder rector de los patronos.

Y no sólo la ley de la propiedad garantiza su el uso de su trabajo a los propietarios de las fábricas o de la tierra; les garantiza también los réditos obtenidos de los consumidores. La ley obliga a la gente a no consumir los productos de la planta del propietario, salvo con su consentimiento; y no consentirá a menos que le paguen dinero. Pueden no hacerlo, por supuesto, pero se quedan sin el producto. Pero eso no evita que el pago sea tan obligatorio como pagar un impuesto por el tabaco. La pena por no pagar puede ser ligera, pero es suficiente para que la obedezcan en todos los casos donde el consumidor prefiere comprar en vez de quedarse sin el producto. En las páginas 620 y 621 el Señor Carver trata de diferenciar ambas cosas, ya que en el caso del impuesto el gobierno “no produce el tabaco sino que sólo exige un pago al fabricante o al tratante por el privilegio de fabricar o vender”. Pero esto es igual con el dueño de la fábrica o de la tierra, si es absentista. Si el propietario ha rendido un servicio o no puede ser relevante en lo tocante a la posible justificación de la renta que percibe, ninguna a la hora de negar el carácter coercitivo del proceso.

Eso sí, como ya se ha insinuado, el poder coercitivo del dueño queda disminuido por el hecho de que tanto sus clientes como sus trabajadores tienen la capacidad de ponerle las cosas más o menos difíciles. Los consumidores, por su poder legal de no comprarle, los trabajadores por su poder, (ni creado ni destruido por la ley) de dejar de prestar sus servicios. Incluso sin este poder, es cierto, tendrá que dar a sus trabajadores suficiente para mantenerles, igual que es en su interés alimentar a sus caballos para que sean eficaces. Pero lo que consigan más allá de este mínimo es o bien en razón de la generosidad del patrono y por un sentido de obligación moral, o por miedo de que cumplirán su amenaza de trabajar en otro sitio o de no trabajar en absoluto. Si se obtiene a través de este miedo, en este caso se somete a la voluntad de ellos. No es un pago “voluntario” sino un pago que es el precio de evadir un comportamiento de otros que le perjudica. Proporcionar comida a los esclavos de uno es esencialmente diferente; el propietario puede hacerlo de mala gana, pero si existe alguna “coerción” es la coerción impersonal de los hechos de la naturaleza que hacen que el trabajo de los esclavos sea menos eficiente sin la comida necesaria. No está influenciado por la voluntad de cualquier otro ser humano. Al pagar salarios elevados a los asalariados, sí que lo está.

Pero a pesar de la voluntad de los trabajadores obtener salarios más elevados, no tiene razón alguna para pagarlos. Sin embargo lo hace. ¿Qué es eso si no coerción? Sin embargo la gente es naturalmente reacia a denominarla así. Eso puede explicarse, creo, por el hecho de que algunas de las formas más crudas de coerción privada son ilegales, y la presión indudablemente coercitiva del propietario queda disfrazada. Por lo tanto la reacción natural a cualquier forma reconocida de coerción privada es “prohíbase”.

Cualquiera que no quiera privar al trabajador de su derecho de dejar un trabajo concreto, o de negarle los salarios que obtiene por no irse, es normal que no acepte la sugerencia de que esos salarios son de hecho coercitivos. Pero una vez que se reconoce que casi todos los salarios son resultado de la coerción privada, algunos con la ayuda del Estado, sería claro que admitir la naturaleza coercitiva del proceso no implicaría condenarla.

Y sin embargo el pensamiento popular sin ninguna duda, suele requerir algún tipo de justificación especial para cualquier conducta, privada o gubernamental, que se denomine coercitiva, mientras que no requiere esa justificación especial para conductas a las que no se aplique ese término. La percepción popular de los problemas sociales por lo tanto, puede quedar distorsionada por el reconocimiento o no reconocimiento popular de la “coacción”. Por lo tanto puede que merezca la pena analizar con más detalle las distinciones que se hacen popularmente entre la coacción y otras formas de influencia en la conducta de la gente.

Las “amenazas” se distinguen con frecuencia de las promesas. Si le digo a un hombre que voy a realizar algún acto positivo que le resultará desagradable, a menos que me pague dinero, y como resultado de ello lo paga, diremos que lo estamos obteniendo mediante amenaza. Si por otro lado, le digo que realizaré algún acto positivo que le resultará agradable, si me paga dinero, y lo hace, se dirá que he obtenido el dinero mediante una promesa.

En parte como resultado de la connotación moral que se da por lo general a esos términos, en parte por su causa, la ley interfiere con más frecuencia para evitar la realización de actos dañinos que obligar a la realización de actos ventajosos.

Muchos (pero no todos) de los actos positivos que suponen una desventaja para otra persona están prohibidos: y no tantos actos positivos que son ventajosos para otros son obligados. En otras palabras, la mayoría de las faltas y delitos son actos positivos. Negarse a ayudar a alguien como regla general no hace nacer una pena o una acción. Pero hay excepciones. Si conduzco un automóvil, no he cometido ninguna infracción; pero si no lo detengo cuando “una prudencia razonable” me exija hacerlo, la víctima de mi dejación puede pedir daños y perjuicios.

Una vez más, y de forma más significativa, si he prometido hacer ciertas cosas (con ciertas formalidades) mi acto de prometer no era una infracción. Pero si no cumplo la promesa en el tiempo fijado, la persona a la que se hizo la promesa tiene acción contra mí por mi inactividad. Es significativa la aversión a admitir la existencia de deberes legales positivos, pues en ambos casos se usa el lenguaje de manera que hace parecer que mi conducta equivocada consiste en actos perjudiciales y no en mi ilícita omisión.

En un caso, se dice que yo “atropellé” a la víctima, y en el otro “que no cumplí el contrato”. Pero en ambos casos el mal no era una acción, sino una omisión: en el primer caso, no parar el vehículo; en el segundo no realizar el acto prometido.

Ahora supongamos que en vez de abstenerme de hacer los actos prescritos por la ley, le digo a un hombre “Págame mil dólares, y cuando te encuentre en la carretera emplearé suficiente cuidado para detener mi coche o para conducirlo de modo que no te atropelle; de otro modo no haré nada”. ¿Sería eso una amenaza o una promesa? O si digo “págame 1000 dólares y llevaré a cabo los actos que me he comprometido a hacer? Creo que la mayoría de las personas llamarían a esas declaraciones amenazas más que promesas. ¿Por qué? Puede ser debido en parte a las deficiencias del lenguaje que habla por un lado de atropellar a alguien y por otro de incumplir un contrato. La razón, según creo, es en parte porque abstenerse es contrario a un deber legal, y en parte porque se juzga como contrario a un deber moral.

El lenguaje popular en este caso parece aplicar el término coerción a demandas realizadas como precio para no violar un deber legal o moral, ya consista el deber en actuar o en no actuar. Pero este criterio tampoco sirve. Si a un acto se le denomina “coerción” si y solo si uno se somete a demandas ajenas para evitar que otro viole un deber legal, entonces todo ordenamiento jurídico por definición prohíbe el ejercicio privado de la coerción, no es coerción a menos que la ley lo prohíba. Y ninguna acción que la ley prohíba, y que pueda usarse como medio para influenciar a otro, puede dejar de ser coercitivo, de nuevo por definición.

Por lo tanto sería ocioso discutir si un concreto ordenamiento jurídico prohíbe la coerción privada.

Y si un acto se denomina coerción sólo cuando uno se somete a demandas ajenas para evitar que otro viole un deber moral, volvemos a la cuestión de que el uso del término expresa nuestra conclusión sobre la justificación del empleo de la presión en cuestión; con el subsiguiente razonamiento circular de condenar un acto porque ya lo hemos designado como “coercitivo”.

Es probable, que uno tenga sentimientos vagos contra el empleo de una forma particular de coerción económica, para descubrir después que esta presión es coercitiva, olvidando que el que algo sea coercitivo no implica condenarlo excepto cuando se emplea en el sentido de la amenaza de un daño para que otra persona realice un acto moralmente injustificado. Y claramente decir que la presión está injustificada porque es una presión injustificada es un razonamiento en círculo. Por lo tanto parece mejor, que, cuando empleemos la palabra coerción, la empleemos en un sentido que no implique un juicio moral.

Pero el sentimiento popular a veces realiza otra distinción. Si planeo realizar un acto o no hacer algo con el fin de que me paguen, se puede aceptar que es una “amenaza”. Pero si planeo hacer un acto perfectamente legal por mi propio bien o abstenerme de trabajar para otro porque prefiero hacer otra cosa con mi tiempo, entonces me pagan por cambiar mi curso de acción en cada caso, y no se le llama amenaza. Si un hombre me paga para que no me meta en un negocio particular o me paga para trabajar para él (cuando no estoy obligado legalmente por un contrato para hacerlo) entonces parece absurdo a la mayoría decir que me pagó bajo la amenaza de la coerción, a menos, que en el primer caso, mi único motivo en entrar en el negocio era presionarle, y a menos que en el segundo prefiriera trabajar para él a cualquier otra ocupación, y mi único motivo para no hacerlo fuera de nuevo presionarle. En el lenguaje coloquial, alguna palabra distinta a “coerción” suele preferirse al describir pagos efectuados a un hombre que realiza un sacrificio para “ganarlos”. ¿Pero donde dibujamos la línea? Creo que la distinción popular entre ambas líneas se basa en el juicio moral. Si un hombre deja un trabajo que le gusta, o si trabaja para otra persona, ¿por qué no le deberían pagar por ello? Se preguntará. A lo mejor deberían, Pero a menos que la palabra coerción se aplique sólo a la conducta juzgada como inmoral, ¿hace que recibir un pago que esté justificado no sea coercitivo?

Si todas esas distinciones son inválidas, por tanto, al buscar no calificar como coercitivas ciertas formas de influencia efectuadas para inducir a otra persona a obrar contra su voluntad, parece seguirse que la renta de cada persona en la comunidad depende de la fuerza relativa de su poder de coerción, ofensivo y defensivo. En parte parece que lo que Carver llama la “productividad” de cada factor no significa ni más ni menos que su poder coercitivo.

No se mide por lo que cada uno realmente ha producido, que es difícil de determinar en el caso de la producción conjunta, sino por el grado en que descendería la producción si uno dejara el trabajo y si se puede poner al trabajador marginal en su lugar, en la medida, por tanto, en que la ejecución de la amenaza de marcharse perjudicaría al patrono. No sólo esa distribución de la renta depende de la coerción mutua, también lo hace la distribución de ese poder para ejercitar la compulsión adicional que acompaña a la dirección de una industria. Algunas sugerencias extremadamente interesantes sobre la probabilidad el control por los capitalistas, cooperativas de compradores, cooperativas de vendedores y de trabajadores se encuentran en las páginas 222 a 225. Ese poder es con frecuencia muy centralizado, con el resultado de que al trabajador se le priva frecuentemente, durante las horas de trabajo e incluso después, de toda elección sobre sus propias actividades.

Privar de este control mediante la ley al dueño de la planta y conferirlo a funcionarios públicos o a un gremio o a un sindicato elegido por los trabajadores ni sumaría ni restaría la compulsión que se ejercita con la ayuda del gobierno. Simplemente transferiría este poder de compulsión a un diferente grupo de personas. Podría resultar en un poder mayor o menor o en una libre iniciativa superior en general, pero ese tipo de libertad no ha de confundirse con la “libertad” que implica ausencia de control gubernamental. EL propio Señor Carver señala (34-35 y 424) que la política gubernamental reguladora del tráfico da al individuo medio más libertad de movimiento. Pero libertad de movimiento no significa libertad de coerción gubernamental, o incluso de coerción por individuos privados. Significa libertad de obstrucción física, o en otros términos, una mayor capacidad física para desplazarse.

Si en otros casos, asimismo, el poder físico para ejercitar la propia voluntad es mejorado por un cierto nivel de coacción legal depende del caso concreto. Si como lo concibe el Señor Carver esta situación sería más o menos “libre” (en el sentido de conferir a las personas más capacidad para expresar sus voluntades) que una sociedad comunista, dependería sobre todo en los resultados económicos del comunismo en relación con el carácter del trabajo en las fábricas. Tampoco puede decirse que sea más “libre” que el otro en el sentido de que implica menos coacción ejercida por otros seres humanos, ya sea oficial o privada.

La distribución de la renta, reiteramos, depende del poder relativo de coerción que los diferentes miembros de la sociedad pueden ejercer sobre los demás. Los ingresos son el precio pagado para que no se usen las propias armas coercitivas de cada persona. Una de esas armas consiste en la capacidad de no trabajar para alguien. Otra es el poder de consumir todo lo que se compre con los ingresos legales de uno en vez de invertir una parte. Otra es el poder de pedir al gobierno que acote ciertas partes de tierra o de equipo. Otra es el poder de rehusar fundar una empresa que implique correr riesgos. Al amenazar con estas variadas armas uno obtiene (con sacrificio o sin él) unos ingresos bajo la forma de salarios, intereses renta o beneficios. La distribución resultante dista mucho de ser igualitaria, y las desigualdades están muy lejos de corresponderse con las necesidades o con el sacrificio.

Los movimientos más radicales tienen al menos como uno de sus objetivos la reducción de esas desigualdades, y que se ajusten en mayor medida a las necesidades o los sacrificios. El Profesor Carver tiene el mismo objetivo. Su manera de lograrlo, sería, no obstante, no alterar el ordenamiento jurídico dentro del que se usan esas armas, sino alterar la efectividad de las mismas. Al explicar la distribución de riqueza “nuestro mayor problema” hay “que estudiar el valor de mercado de cada facto, o agente de la producción con el fin de averiguar porqué el vendedor de cada factor recibe más o menos” (pag. 471)

(El estudio del ordenamiento jurídico dentro del cual el vendedor de cada uno acaba teniendo control sobre ese factor particular no parece concernirle)

Una aproximación más cercana a la igualdad podrá alcanzarse modificando los valores de mercado, o sea, la eficacia de las armas. Trata de conseguir lo que llama un mejor equilibrio de los factores. El poder de un hombre para no ofrecer su trabajo poco cualificado no es un arma poderosa, porque el trabajo no cualificado abunda, y la demanda de él es baja. Por lo tanto, haz que sea más escaso, y aumenta su demanda.

El capital puede obtener elevados retornos porque es relativamente escaso. Por lo tanto, alienta el esfuerzo, y la tasa de interés descenderá. La renta de la tierra caerá si hay más tierra de calidad inferior que se compense con proyectos de reforma agraria. Otro medio es el incremento de los factores escasos. Y el incremento de los recursos escasos en si mismo aumentará la demanda de los menos escasos y por lo tanto cooperará con la reducción de estos últimos para aumentar el valor de mercado.

La explicación del Señor Carver de lo que determina los valores de mercado del capital, el trabajo, etc, es clara y penetrante, en la línea de su anterior trabajo “Distribución de la riqueza”. Emplea el “análisis marginal” y sus conclusiones están sujetas a todas las matizaciones que los recientes estudios han realizado sobre ese análisis. Posiblemente matizarse el análisis que hace sobre los beneficios que se derivarán de un aumento en la oferta de capital. Es un matiz requerido por su preocupación característica por los resultados a largo plazo, sin considerar sus consecuencias en el periodo de transición. Con un incremento de capital, según su razonamiento, los dividendos sobre los stocks más comunes y preferidos se reducirán, así como los intereses ofrecidos por la emisión de nuevos títulos.

Pero según el mismo razonamiento, si el proceso va muy lejos, habrá un impago de los intereses sobre los antiguos títulos. Y si la quiebra es general, y resulta en una depresión, la demanda de trabajo caerá, puesto que, a pesar de la mayor capacidad productiva física, los motivos psicológicos para usar esa capacidad se paralizarán. Son los dueños los que determinan hasta que punto los emplearán, y su juicio se determina por la perspectiva de beneficios. Un resultado es por supuesto la caída de los salarios, que restaurará de algún modo el poder neto de ganancia, pero no suficientemente para que la vieja fuerza motivadora llegue al pleno empleo de los recursos. A pesar de costes laborales más bajos, las industrias siguen siendo rentables debido a la caída en el precio de los productos, y esta caída no es sólo resultado de la oferta incrementada, sino de la demanda reducida resultante del desempleo y de la forzada “economía” de la gente. Si un aumento en la oferta de capital conllevara que la tasa de interés menor se diera de manera suave y paulatina, sin causar bancarrotas y otras dislocaciones, podrían no paralizarse los motivos para invertir, pues la hipótesis de un ahorro mayor para invertir implica que la motivación para invertir funcionará a pesar de una tasa de interés más baja, y que ningún otro factor de producción sería menos recompensado que antes.

Pero esa “suavidad” no se encuentra en la realidad; y mientras que las dislocaciones que acompañan todo ello parecen desde el punto de vista teórico ser meros matices, y sin importancia para los hallazgos centrales, en la vida real muchos matices de las teorías asumen una gran importancia práctica.

Y las depresiones económicas no se deben pasar por alto al considerar los efectos de un mayor ahorro. En todos sus libros, el Señor Carver trata de las depresiones, y su explicación no es de ningún modo inconsistente con la visión de que un incremento del ahorro puede ser una de las causas que las desencadenen.

Considera que provienen de fluctuaciones en los precios de los productos, que causan fluctuaciones aumentadas del valor del capital (pp. 436-439) Pero un incremento en la cuantía del capital, con un incremento consecuente de la oferta de productos, será sin duda un factor que causará la reducción de su precio. El efecto en el valor de las plantas será parcialmente compensado por el hecho de que ganancias netas inferiores serán capitalizadas a un nivel inferior de interés, pero si el incremento en la oferta de capital es rápido, no hay motivo para asumir necesariamente que la compensación sea completa. El efecto temporal del ahorro, por tanto, puede resultar muy diferente del previsto por el Señor Carver.

Pero esto no demuestra, por supuesto, que su efecto total no sea reducir la ganancia del capital y aumentar la retribución del trabajo. Pues en tiempos de prosperidad es muy probable que el factor que limita la producción no sea la renuencia a emplear el capital existente, sino su escasez física. Cuales pueden ser los beneficios para los trabajadores que conlleve un mayor ahorro es una cuestión que requiere un análisis más profundo que el que realiza el señor Carver.

Su programa equilibrador, por tanto, consiste en una mayor igualación de los valores de mercado de los diferentes factores de producción. ¿Cuáles son los pasos concretos mediante los que llevaría acabo este “programa equilibrador”? Haría más escaso el trabajo poco cualificado, en parte reduciendo sus filas con mayor inversión en educación, en parte por animar un incremento en el nivel de vida (de este modo indirectamente reduciendo la tasa de nacimientos, no menciona el control de natalidad) y en parte restringiendo la inmigración.

En un contraste que resulta refrescante con muchos publicistas, no tiene miedo de que se de una escasez de mano de obra, de hecho le daría la bienvenida. En su descripción de “un programa liberal” sugiere leyes de salario mínimo como medio de elevar el nivel de vida, pero no sigue con esas interesantes sugerencias en el libro. Campañas que fomenten el ahorro podrían ser otro medio. Al restringir la inmigración, tenemos dos objeciones, que el autor ignora, una los intereses de los trabajadores foráneos, otra, el peligro para nuestra propia gente por los problemas internacionales que pueden acontecer. La filosofía nacionalista del Señor Carver simplifica el problema permitiéndole ignorar lo anterior. Y parece que evitar guerras y otros conflictos no le interesa mucho.
Con su “programa equilibrador” el Señor Carver trata de conseguir mayor igualdad en la efectividad de estas armas coercitivas (aunque no lo expresa de esa forma); incrementando el perjuicio que puede ocasionar el trabajador no cualificado negándose a trabajar (de este modo permitiéndole ganar un salario más alto como precio por no causar el perjuicio) y reducir el perjuicio que el propietario o el empresario puede ocasionar al no invertir su dinero o sus capacidades.

Quizás pueda conseguir todo lo que espera, pero no nos da una prueba cuantitativa del resultado. ¿Por qué entonces, muestra tan poco interés en suplementar este programa proponiendo alterar el propio ordenamiento jurídico? Podría proponer distribuir esas armas haciendo tabla rasa, o condicionar su uso a cobrar precios bajos o a pagar salarios altos o a pagar impuestos que fueran redistribuidos a los que tienen un poder más débil de negociación.

Pero esas propuestas, sin embargo, reciben escasas simpatías por su parte. Se complace en contrastar su “programa equilibrador” voluntario con los coercitivos “programas votados” del socialismo y el comunismo, y los” programas de lucha” coercitivos del Bolchevismo y de la IWW. Eso se puede explicar, creo, por su incapacidad de percibir la naturaleza coercitiva de las armas de negociación, junto con su propensión a oler coerción en cualquier disposición legal que alterara la distribución de tales armas.

Sin embargo no desdeña del todo un “programa votado” ni están todas las razones que da para no ir más allá de lo que propone teñidas con lo que nos parece una falacia voluntarista. Una de las razones principales que tiene para no interferir con los ingresos desiguales que fluyen a los dueños de los diferentes factores, es que esos ingresos desempeñan la función de reparar ese mismo equilibrio desigual pues los ingresos desiguales son sólo síntomas de este.

Cualesquiera que sean los factores que tengan el mayor valor de mercado, y que por tanto proporcionen las mayores recompensas a sus titulares, son los factores que la sociedad necesita más que aumenten, y las elevadas recompensas incentivarán a más gente a producirlos. Hay muchas razones para dudar esa correlación perfecta entre valores de mercado y necesidades sociales. Y sin embargo hay mucho de cierto en la proposición de que muchas de las desigualdades de renta sirven a una función útil, la de estimular la producción de tal modo que beneficien a otros tanto como a los productores.

Y otras desigualdades pueden defenderse con otros fundamentos, por ejemplo, sobre la base de que su supresión llevaría a serias dislocaciones de carácter temporal. Pero como ya hemos visto, al Señor Carver no le interesan mucho esas cuestiones temporales. Incluso su programa equilibrador trata de remover muchas de las desigualdades que no sirven de incentivos, con una desconsideración casi despiadada hacia esas dislocaciones. ¿Qué desigualdades eliminaría con un “programa votado”?

En primer lugar haría que el gobierno regulara los precios de monopolio. El beneficio del monopolio es un síntoma de escasez, pero en vez de hacer que se elimine su propia causa, la perpetúa. El monopolista limita la producción a propósito. ¿Qué luz aporta la teoría del señor Carver al regulador del gobierno para ayudarle en su tarea? La regulación de los precios de monopolio presenta problemas que conciernen la cuantía de la recompensa que se necesita como incentivo, en tanto que un incremento del valor, por ejemplo, es en algunos casos esencial para inducir a tomar riesgos socialmente útiles; también tenemos el problema del grado de la protección que debería otorgarse a los valores de las participaciones adquiridas a precios basados en el poder monopolístico, incluso cuando tal protección no es esencial como incentivo; problemas que conciernen a la asignación de los costes conjuntos de los costes de la empresa entre diversas clases de consumidores. Serían de agradecer sugerencias sobre la solución de estos problemas provenientes de una mentr tan original y aguda como la del Señor Carver. Pero no existen. Él adopta la cínica visión de que los reguladores son políticos, y los políticos por supuesto, son prácticamente todos unos demagogos, y que por lo tanto no tenemos esperanza de que exista un sistema de regulación inteligente. Si favorece la regulación es meramente como una elección entre dos males, sobre la base de que los intereses de los políticos y los operadores de los “trust” no son los mismos; “y como resultado de su tira y afloja, los precios no se fijarán completamente en interés de los trust sino más bien en el interés de estos y de los políticos” (página 221)

Otro rasgo del “programa de votación” del Señor Carver es la “redistribución de riqueza no ganada” mediante “el aumento de la tributación de la renta de la tierra” y mediante “un impuesto graduado sobre las herencias” (página 766) ¿Es que la riqueza no ganada significa toda la riqueza que no funciona como un incentivo para la producción? ¿Y llegaría el Señor Carver tan lejos como para llegar a impuestos confiscatorios para lograr una distribución más igual? Si es así “su programa de votación”, tan poco como lo recalca en su obra, podría tener mucho más peso en sus resultados su programa “voluntarista”. Examinemos brevemente hasta donde podría llegar ese programa, que objeciones a su realización completa pueden hallarse en la filosofía del Señor Carver (no es muy explícito en hasta qué punto quiere llegar) y que otras objeciones podrían oponerse, a las que él no hace mención.

¿Hasta qué punto podrían aumentarse los impuestos sin perjudicar los incentivos para producir? Cada impuesto, por supuesto, disminuye los ingresos reales de alguien. Al considerar los efectos sobre los incentivos de la disminución de cualquier clase de ingresos, es procedente distinguir dos tipos diferentes de efectos. La perspectiva de recibir un ingreso pude estimular a uno a trabajar o a ahorrar; la recepción pasada de unos ingresos puede inducir a ahorrar sin muchos ingresos prospectivos como estímulo adicional.

El primer efecto está en función del tipo de ingresos, el segundo, de su tamaño. Un hombre rico, en otras palabras, puede verse alentado con más facilidad que un hombre pobre a dedicar parte de su riqueza a crear capital, invirtiéndolo, y por lo tanto la concentración de capital puede resultar concebiblemente en una mayor producción con independencia de que el hombre rico originalmente recibiera sus ingresos mediante la herencia, la renta, intereses o ganancias.

Antes de abordar esta materia, examinemos las diversas formas de tributación para preguntarnos si es probable que disminuyan los incentivos para trabajar o ahorrar. No se hará un análisis exhaustivo, simplemente un resumen del punto de vista del Señor Carver con algunos breves apuntes.

Las herencias que excedan una cierta cantidad pueden ser sometidas a una tributación severa, incluso hasta llegar a confiscar por completo el exceso, aparentemente, sin reducir los motivos que la perspectiva de dejar la riqueza a otros aporta al que la deja. La renta debida en exclusiva a la propiedad de terreno urbano (con independencia de las mejoras) es un mero excedente por encima del incentivo, y su tributación no reduciría la oferta de nada, y por lo tanto no haría subir los precios (pagina 634) Lo mismo es cierto predicado sobre un impuesto sobre la ganancia neta de un monopolio (pagina 636)

Aquí, de nuevo, como en el debate sobre la regulación de los precios, el Señor Carver a nuestro juicio no consigue analizar la distinción entre los beneficios monopolísticos netos y los meros beneficios competitivos.

El interés es esencial para inducir el ahorro de capital, por lo tanto, cualquier tributación reducirá el ahorro, disminuirá la oferta de equipamiento de capital, hará subir los precios, y reducirá la demanda de trabajo, y por lo tanto conllevará salarios inferiores. Y sin embargo según el propio análisis del Profesor Carver (páginas 544-550) una reimpresión de su anterior libro, “La Distribución de la Riqueza”, son sólo los ahorros marginales los que requieren del interés completo ahora pagado para emplearlos. Parecería seguirse que un impuesto sobre el interés recibido por el ahorrador “intramarginal” no reduciría el incentivo futuro para el ahorro, y que un impuesto general sobre el interés si reduciría el motivo futuro pero solo ligeramente. A esta última conclusión ha llegado A. B. Wolfe, pero el Señor Carver piensa que “tal conclusión tiene una dudosa validez”. Una de las razones que da es la afirmación de que “los ahorros marginales se dan… en una línea temporal extensa y no simplemente en un punto concreto de esa línea”. Esa conclusión descansa sobre la premisa de que “todo ahorrador es probablemente un ahorrador marginal hasta cierto punto”. Ya sea esto una completa respuesta al argumento más elaborado del Catedrático Wolfe a efectos de que el ahorro marginal se da sólo a corto plazo, podría dejarse al juicio de los lectores de ambos.

Pero el Señor Carver tiene otra respuesta, que se acerca más al motivo para no ahorrar en el futuro. Si se hiciera tributar la tasa de interés “reduciría los ingresos de aquellos que han mostrado la propensión al ahorro, o automáticamente o por el propósito deliberado de obtener interés”. Por lo tanto tendrían menos que ahorrar. Aceptando que otros encontrarán sus ingresos elevados en correspondencia, aún esos serían necesariamente los que no han ahorrado antes mucho capital, y las probabilidades están contra el supuesto de que ahora ahorrarán bastante para compensar la disminución de la cantidad ahorrada por los ahorradores anteriores. Es de notar que el Señor Carver emplea el argumento anterior, no para mostrar que es más probable que los ricos ahorren, sino que los perceptores de interés, no debido a que son ricos sino que han mostrado una mayor propensión al ahorro, es más probable que ahorren de nuevo que lo son otros con los mismos ingresos.

Podría cuestionarse hasta que punto los presentes perceptores de interés lo son en razón de cualquier “propensión”, o en que grado es porque comenzaron con más dinero; la existencia de una clase que no recibe interés podría tal vez explicarse de manera igualmente razonable con la hipótesis de que nunca percibieron bastante renta para permitirles ahorrar, más que con la hipótesis de que tenían menos propensión a ahorrar que el resto.

Comoquiera que sea, la cuestión nos enfrenta con un problema real. Al ayudar al pobre redistribuyendo dinero del rico, el gobierno puede tal vez no proporcionar un estímulo futuro para inducir al rico a hacer algo productivo con el fin de obtener su renta, y sin embargo el dinero del que se les priva podría usarse para dirigir a la industria a la construcción de capital productivo adicional, que beneficiará a las futuras generaciones, tanto a pobres como a ricos. Si este dinero se hubiera transferido a manos de los pobres, hubiera causado que la industria se dirigiera, no a la producción de capital adicional, sino a la producción de más bienes que hubieran sido consumidos por los pobres. Tal es el argumento para la concentración.

No es el único empleo del argumento de la motivación no-prospectiva el pasaje citado. Bajo la forma descrita anteriormente ni lo presenta ni lo refuta; y aún así, si es válido, iría contra su propio programa igualador. Es un argumento que no puede pasarse por alto a la hora de considerar una reducción de la desigualdad en la presente distribución de la riqueza.

Es en efecto es un argumento que expone que el poder coercitivo del gobierno (puesto que todas las rentas de propiedad se derivan del ejercicio de ese poder) debería desviar fondos (que de otro modo podrían darse a los pobres) a los ricos para que lo inviertan en capital; con el fondo de capital así aportado, los pobres tienen que pagar intereses a los ricos, pero ese interés los ricos lo reinvertirán voluntariamente, y así de manera indefinida. Con cada nueva adición de capital, la sociedad podrá pagar más a los pobres; pero si lo hace, se añadirá menos que de otra forma al fondo de capital en el futuro, y la potencialidad de recompensar a los pobres por su abstinencia forzada se incrementará mucho más tarde. Si se llevara esto a su conclusión más extrema, los pobres siempre estarían en el extremo de subsistencia con el fin de incrementar la potencialidad de que acaben subiendo por encima de él. En su forma extrema, esta política derrota sus propios fines, del mismo modo que un excesivo ahorro por parte de un individuo perjudica su propio fin de aumentar su poder adquisitivo. Por otro lado, si no se da ninguna consideración al motivo no prospectivo, es posible que los pobres estén peor que de otra forma. A uno le gustaría ver la materia analizada con todas sus ratificaciones y matices, pero eso no se encontrara en esta obra.

Pero esas consideraciones que tienen que ver con los incentivos no son las únicas consideraciones que pueden presentarse para detener una política drástica de igualación mediante los impuestos. Una vez que queda más o menos sentado lo lejos que puede ir la tributación para lograr una mayor equidad sin afectar a los incentivos, otras consideraciones pueden aducirse contra llevar dicha política tan lejos. En el mismo umbral del debate, se aducirá que cualquier tributación para el propósito deliberado de igualar la riqueza viola el principio fundamental de tributación “según la capacidad contributiva”. Si la tributación redujera esos enormes ingresos que no funcionan como incentivos y dejara intocados aquellos enormes ingresos que sí lo hacen, los sometidos a ambas políticas no tributarían según sus respectivas “capacidades contributivas”, que son iguales, a menos que, ciertamente, aceptáramos la definición de John. A Hobson de “capacidad” como “capacidad de pagar sin repercutir el impuesto al consumidor”. Lo que es más, al igual que entre un ingreso no incentivador alto o bajo, el principio de “capacidad” requeriría impuestos que aún dejarían una discrepancia entre dos rentas después de pagar los impuestos. El principio de igualación (excepto cuando los incentivos lo prohíben) acabaría de manera igual con ambos ingresos. De manera más precisa, se apropiaría de todas las rentas que no son incentivadoras por encima de la media, y las distribuiría entre aquellos que reciben menos que la media. Esto no se podría hacer necesariamente bajo la forma de un dividendo monetario; pero el uso de impuestos para propósitos públicos aumentaría los ingresos reales del público, o de algunas parte de él, si bien sólo de esa parte del público que encuentra satisfacción con las fiestas locales o la existencia de potentes marinas de guerra o de costosas oficinas de correos.

¿Qué haría el Señor Carver? En su principal discusión sobre la tributación, la considera como una necesidad del gobierno, no como un instrumento de igualación. Sin embargo rechaza la teoría de la “capacidad contributiva” sobre la base de que viola, a su juicio el principio utilitario del menor sacrificio.

Unos impuestos que perjudiquen a la industria más beneficiosa no deberían implantarse, según piensa, a menos que las posibilidades de una tributación menos represiva se hayan agotado. Ciñéndose a la tributación no represiva, se propone demostrar que como entre dos ingresos que no conllevan incentivos de diferentes dimensiones, se ocasiona menos sacrificio al hacer tributar al receptor de los ingresos más altos que al receptor de los más bajos, hasta que los que tienen los ingresos más altos quedan reducidos al nivel de los inferiores (página 656)

Lo que es lo mismo, cada dólar se quita al rico le provoca menos sacrificio que el que se quita al pobre, siempre que la porción que no tributa del anterior aún exceda a la última. El señor Carver, por tanto, abandonaría el principio de “capacidad” y no necesariamente dejaría intacta una discrepancia entre los más altos y los siguientes más altos de los diferentes ingresos no incentivadores. Si el gobierno necesitara ingresos tan grandes como la diferencia entre ambos, debería provenir toda de las rentas más altas, que quedarían reducidas al tamaño de las siguientes.

Pero incluso si el gobierno no necesitara tanto para sus gastos corrientes, la lógica del Señor Carver llevaría a la conclusión de que mientras siga habiendo discrepancias entre los ingresos no incentivadores, se ocasionará un menor sacrificio aumentando la tributación y empleando los fondos para beneficio de los perceptores de los ingresos más bajos. Pues no sólo, según esa lógica, cada dólar tomado del rico causa menos sacrificio que el dólar tomado del pobre, sino que cada dólar tomado del rico causará menos sacrificio que el alivio del pobre al recibir un dólar adicional, hasta que se llega a la igualación (salvo por los ingresos incentivadores, en todo caso)

Y sin embargo el Señor Carver no lleva su lógica tan lejos. Acepta el principio de que los impuestos “deben ser lo menos gravosos posibles” (página 628) Pero si hacer los ingresos más gravosos resulta en hacer algo menos gravoso en un mayor grado, no parece haber razón para que el Señor Carver se aferre a su principio de la “capacidad para pagar”. Tanto si uno acepta como si no los fundamentos del Señor Carver para rechazar la teoría de la “capacidad”, sin embargo, debe recordarse que la teoría juzga los impuestos comparando las cantidades pagadas realmente por diferentes individuos, sin realizar comparaciones de los ingresos que quedan después de impuestos. Si las discrepancias de renta han de justificarse, pues muy bien, si no, ¿por qué debería la tributación dudar en eliminarlas, a menos que otro instrumento fuera más apropiado? El pago de impuestos afecta al tamaño de los ingresos. No tomar este efecto en cuenta, y considerar sólo la cantidad pagada, en vez de la cantidad restante, como la teoría de la “capacidad” hace, es distorsionar la cuestión. Es como comparar la cantidad de cambio que da un conductor de automóvil a distintos pasajeros, sin tomar en cuenta cuanto ha quedado de sus pagos después de darles el cambio. El pago de 4,95 dólares a uno y de 5 céntimos al otro podría parecer una discriminación injustificada si no tomamos en cuenta que el anterior ha pagado al conductor un billete de cinco dólares y el otro unos céntimos.

Pues del mismo modo, si no se toma en cuenta el hecho de que un hombre con unos ingresos no incentivadores de 10.000.000 de dólares y el hombre con 10.000 han recibido estas rentas por las disposiciones del ordenamiento jurídico (por el gobierno) la teoría de la capacidad hace que parezca monstruoso hacer pagar al primero un impuesto de 9.900.000 y al último nada. Sin embargo como el “cambio” de los derechos de propiedad es producido por el gobierno, la apariencia de monstruosidad desaparece, a menos que exista cualquier otra justificación por la discrepancia.

Esto nos lleva a otro campo para mantener algunas de las desigualdades, incluso cuando no añaden incentivos a la producción. Los hábitos del rico han hecho que ciertas cosas sean una necesidad para él, necesidades que al pobre le importan poco. Por lo tanto la ganancia del pobre resultado de la igualación es menor, psicológicamente, que la pérdida para el rico de sus placeres acostumbrados. El Señor Carver admite ese punto como un argumento contra el principio tributario de reducir los ingresos de los ricos al nivel de los más pobres antes de empezar a hacer tributar a estos últimos. Lo admite, pero lo rechaza, y me parece que tanto su admisión como su rechazo simplifica en exceso el problema planteado.

Su admisión es demasiado extensa, puesto que mientras que hay algunas necesidades que de no satisfacerse sólo son dolorosas para el que está acostumbrado, hay otras necesidades cuya no satisfacción es dolorosa con independencia de si han sido satisfechas alguna vez. Por ejemplo el dolor físico intenso, incluso cuando uno nunca se ha acostumbrado a comprar los medios de aliviarlo. Y por otro lado el problema no puede echarse a un lado, afirmando, como lo hace el Señor Carver, que al final de la generación los estándares de los ricos y de los pobres se igualarán (página 655) Esa desconsideración propia de todas las cuestiones que no sean a largo plazo consuela muy poco al hombre que tiene que esperar a que pase su generación (hasta que se muera, en otras palabras) antes de que deje de sufrir por la pérdida de sus satisfacciones acostumbradas.

Otro argumento contra la nivelación de todas esas desigualdades que no sirven como incentivo, es el argumento conocido como “derechos adquiridos” o “expectativas legítimas”. Uno que ha pagado todo el valor de mercado por el derecho de obtener renta de la comunidad parece tener más derecho a nuestras simpatías cuando se le priva de ese derecho que un hombre que no ha sido privado de nada por ello. Si le permitimos continuar recibiendo el ingreso por esa razón, incluso si no funciona como un incentivo, lo estamos haciendo sobre la base que lo necesita más que el que no ha pagado, o al menos que lo “merece” más. El argumento tiene peso, pero necesita de más estudio que el que normalmente se le dedican. Los derechos adquiridos de propiedad se protegen por la ley de ciertas vicisitudes. Pero la ley los deja expuestos a muchas otras, como la competencia, el ejercicio constitucional del poder judicial, el incremento en los costes (por ejemplo si el gobierno sube las tasa de los ferrocarriles) y la caída de la demanda.

Además hay “expectativas legítimas” que no han cristalizado en derechos de propiedad, como la capacitación personal adquirida a un gran coste, en contraposición a un trabajo no cualificado. Ser privado de esas expectativas puede causar tan grandes penalidades como cualquier eliminación de un derecho de propiedad. Esos derechos ahora no encuentran protección. De hecho sería imposible permitir una completa garantía de todos ellos, o incluso de todos los derechos de propiedad, contra toda disminución de valor. Frecuentemente, pude ser cierto que para preservar un valor (por ejemplo el valor de acciones de ferrocarriles) puede ser necesario limitar otro (digamos la propiedad del fletante que tiene que pagar las elevadas tasas de ferrocarril) Mientras este sea el caso puede hacer más mal que bien a las propias “expectativas legítimas”, protegerlas contra ciertos tipos de cambios, mientras que se deja a otras expuestas a su disminución por cambios de otro tipo. Las que están expuestas pueden protegerse en parte mediante menos rigidez en la protección de las no expuestas. El problema es otro de esos que no interesan al Señor Carver. Sólo conciernen las cosas que pasan en el intervalo anterior a que las tendencias a largo plazo, que son las que le preocupan, tienen tiempo para funcionar. Mientras tanto puede observarse que el problema no se expone en todas las propuestas de mayor igualación de ingresos. No se saca a colación, por ejemplo en cualquiera de las propuestas para evitar el futuro crecimiento de la desigualdad, propuestas para hacer tributar a las herencias, o para hacer tributar futuros incrementos en el valor de la tierra.

En el caso de las herencias, sin embrago, el Señor Carver sugiere que ciertos fundamentos contra reducciones drásticas son aparentes “considerando la familia más que el individuo como la unidad de la sociedad, y la consideración de la familia como una unidad permanente no afectada por la brevedad de las vidas individuales” (página 122) Pero obviamente ninguna cuantía de “consideración” hará que la familia sea tan permanente mientras que las costumbres sociales y las leyes biológicas hagan la cooperación con los miembros de otras familias esenciales para la reproducción de la especie. Pero el Señor Carver mismo en 1915 consideró este argumento de la herencia no era impedimento, bajo condiciones modernas, para un impuesto draconiano sobre la herencia sobre el exceso de los que se necesita para mantener a la familia cómodamente.

Y en el presente libro, como hemos visto, favorece una distribución de “riqueza no ganada” mediante un impuesto graduado sobre la herencia (sin que lo cuantifique).

El dueño de cada dólar, tiene, en virtud de su derecho de propiedad creado y reconocido por el ordenamiento jurídico, un cierto grado de influencia sobre los canales a los que fluirá la industria. El aumento en las compras de un producto hará que más industrias afluyan a la producción del mismo más que a otra parte. Esto se señala una y otra vez por el Señor Carver.

Es lo que denomina el “método de la persuasión del precio” en contraposición al método de “compulsión gubernamental (página 208) Llamar a esto persuasión en vez de coerción es usar la misma lógica que la que deduciría que el impuesto sobre el tabaco se paga por persuasión y no por obligación. Como quiera que lo llamemos, la verdad es que el empresario dedicará sus energías a los canales donde producirá bienes de elevado valor de mercado, y se alejará de los canales donde se producen bienes de escaso valor, si los costes son idénticos en ambos. Y el elevado valor es en parte un resultado de las demandas de los dueños de dólares. Al producir bienes de mayor valor, piensa el Señor Carver, el empresario satisface los deseos de la comunidad más completamente que lo haría produciendo bienes de inferior valor. La “utilidad marginal” de los bienes baratos es inferior, porque la oferta ya es lo suficientemente grande para satisfacer las necesidades más apremiantes de ellos (página 351-352) La comunidad puede errar en desear esos bienes (página 485 y 55 y 57) pero si no es así, el empresario que persigue su propio interés estará haciendo el mayor bien, porque estará satisfaciendo las necesidades más apremiantes. Los canales de la industria están regidos por el “voto democrático” de aquellos que votan con sus dólares en vez de con urnas; y el resultado es la satisfacción de la mayoría de las necesidades de la comunidad. ¿Pero qué es la comunidad cuyos deseos se satisfacen así? No es un simple ser consciente, sino un nombre que se da a varios individuos que tienen necesidades. Parece obvio que los individuos con más dinero ejercitan más controles sobre esos canales. Esto lo reconoce nuestro autor, y replica que el rico (si es un rico que se lo ha merecido) debería tener más control. Puede ser verdad; pero no demuestra que el resultado es satisfacer las necesidades de los miembros de la comunidad por el orden de intensidad de esas necesidades. Una necesidad menos apremiante de un rico tendrá más influencia sobre los canales que la necesidad mucho más apremiante de un pobre. Esto se puede justificar de distintos modos, de hecho, sería difícil escaparse sin una completa igualdad de ingresos, pero la base sobre la que no se puede justificar es que es el resultado del “voto democrático” que en el lenguaje común implica un hombre un voto, y de que satisface las necesidades más apremiantes antes que las menos apremiantes.

No resulta esencial al caso del señor Carver proponer este tipo de argumento. Hay mucha fuerza en el argumento que opone en su réplica algo acalorada a Henry Clay sobre los supuestos subyacentes a la filosofía del laissez faire. (pag 741-4) El señor Carver expone que uno puede creer, de forma coherente, que es dañito que el gobierno interfiera de modo consciente en los canales de la industria, sin creer que los canales que se toman en respuesta a la demanda en el mercado sean los mejores concebibles. Sólo tiene que creer que los canales fijados por el gobierno serán probablemente peores.

Podría pensarse que son peores sin asumir si es deseable satisfacer más plenamente las necesidades de los ricos, simplemente porque puede concebirse que el gobierno, a despecho del sufragio universal, no forzará a la industria a los canales deseados realmente por el gobierno, y que, incluso si lo hiciera, causaría daños incidentales y pérdidas en el proceso de interferencia. Si sin embargo los funcionarios del gobierno en diversos momentos tienen que tomar decisiones sobre lo deseable de diferentes canales de la industria y al tomar esas decisiones no se pueden ver ayudados por la demanda del mercado. Sería de ayuda si se realizara algún estudio de los problemas implicados que nos proporcionara una guía más ilustradora que la cínica conclusión del profesor de que todos los funcionarios públicos son políticos, y los políticos suelen ser unos pillos redomados, cuya única finalidad es conseguir el mayor número de votos. Las decisiones sobre los canales de la industria han de tomarse en el curso de regular las tasas de los monopolios y en el gasto público.

Muchos de estos casos hacen surgir la cuestión de si una porción grande de los costes conjuntos de los ferrocarriles debería ser soportada por un tipo de tráfico y una más pequeña por otro, o viceversa. La respuesta a esta cuestión no depende del valor de mercado de los servicios respectivos, puesto que su valor de mercado dependerá de la respuesta dada por la
comisión. Cuando se hace una apropiación para gastar el dinero público, la cuestión no es otra que el tipo de actividad que será promovida por la demanda de dinero. Puesto que averiguar algún tipo de técnica, si fuera posible, sería de ayuda al responder estas cuestiones necesarias, y puesto que los gobiernos es probable que traten de controlar cada vez más la dirección de la industria, no estaría mal analizar de un modo más detallado que lo hace el Señor Carver los aspectos de los precios en los que los canales “naturales” no son tan perfectos.

Si se pudiera encontrar esa técnica, los funcionarios que interfieren con los canales tendrían menos excusas para guiar sus acciones sólo por motivos demagógicos.

Como ya hemos dicho, el rico siempre estará en posición de satisfacer sus necesidades de una manera más completa que el pobre, mientras siga habiendo ricos y pobres. Pero concediendo que una particular desigual distribución de la renta es deseable en un momento dado, podría ser posible dirigir los canales de la industria en ventaja de los pobres, sin destruir la desigualdad del valor monetario de las acciones relativas. Si la oferta de ropa de trabajo se incrementara, por la intervención del gobierno, y el precio cayera, y la oferta de ropas caras disminuyera hasta que su precio se incrementara, el trabajador podría comprar más bienes con el mismo dinero, y el rico menos.

El trabajador tendría los mismos dólares, pero más cosas. Aumentaría su riqueza real, y decrecería la del rico. En qué grado la riqueza de ambos ha cambiado no podemos decirlo, ya que carecemos de unidad de medida. En los términos abstractos de la teoría económica, lo que ha ocurrido es que el excedente de consumo del trabajador ha aumentado y ha bajado el del rico. Pero de nuevo no hay modo de medir el cambio. Que el resultado es incrementar la suma total de la satisfacción humana podría tal vez seguirse si asumimos que las necesidades de unos son igual que las de otros, puesto que las necesidades del trabajador común se satisfacen en menor grado que las del rico. Pero supongamos que tenemos un caso donde no hay una distinción tan clara entre ricos y pobres. Supongamos que el gobierno contempla promover más la industria de libros a la producción de jabón. Podría haber una ganancia o una pérdida neta con el cambio, cuando tomamos en cuenta los intereses en conflicto de dos grupos de consumidores y de dos grupos de productores y los efectos colaterales de la producción de otras cosas así como la pérdida de esfuerzo y la irritación que implica el proceso gubernamental de llevar a cabo el cambio. Hasta que la ciencia económica haya desarrollado algún método de medir los cambios en la satisfacción humana resultantes de un incremento de la producción de algo y de un decremento de la producción de otra cosa, los funcionarios estarán a oscuras. Pero la existencia de este importante problema económico queda ocultada por la común y falaz doctrina del Señor Carver y muchos otros economistas, de que la “comunidad” quiere oferta adicional de distintos bienes con una intensidad que varía con sus valores de mercado.

Los canales a los que la industria fluirá, entonces, junto con la asignación de la riqueza de la comunidad, dependen de arreglos coercitivos. Esos arreglos se hacen cumplir por la fuerza por varios grupos, algunos derivan su poder del control de la maquinaria gubernamental, otros de su propio poder físico de abstenerse de trabajar. Los arreglos son susceptibles de gran alteración por los cuerpos gubernamentales, y los gobiernos cada vez se preocupan más de estos. Hay importantes intereses que quedan afectados por la forma en que estos arreglos tendrán lugar. Es difícil medir los intereses, e incluso si pudieran medirse, no hay reglas simples para determinar como estos conflictos deberían resolverse. Los “principios generales del Derecho” a los que supuestamente se atienen los tribunales no bastan.

Cualesquiera que sean los “principios” aceptados, no pueden concebir los problemas sino de forma muy estrecha. ¿Deberían resolverse con fundamento en una enumeración de las personas afectadas? El gobierno representativo con sufragio universal es un mecanismo crudo (muy crudo) para llegar a arreglos sobre esta base. Pero puede dudarse si esta base es satisfactoria. Además los intereses de un gran número de personas fuera del área donde el gobierno tiene control pueden verse afectadas por estas decisiones; y estos intereses hoy en día no tienen representación en las cámaras representativas. Si el área es rica en recursos naturales, hace una gran diferencia para muchos que viven en otra parte el como se reparten las concesiones, si los recursos se explotan en absoluto o se dejan en barbecho, como deben racionarse (en caso de que la oferta, al precio que se cobra, no satisfaga la demanda) y que gobierno controle la disposición de cualquier rédito derivado de los impuestos.

Puesto que los intereses foráneos no tienen representación a nivel local, vemos que hace que la presión recaiga sobre los ministerios de exteriores de los gobiernos nacionales respectivos. Encontramos las tentativas de formular “principios” que conciernen a las concesiones (como las “puertas abiertas”) y encontramos un deseo de anexión. Encontramos que los gobiernos extranjeros disputan unos con otros en otras materias, lo que contiene las semillas más fértiles de la guerra moderna. Todos esos problemas de la democracia, el gobierno representativo, los conflictos económicos internacionales y su resolución, son objeto propio del tratado sobre Los Principios de Economía Política. El señor Carver no los aborda.

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