Efecto Sánchez: el populismo hipster del PSOE (II de II)

La reforma del artículo 135 de la Constitución, sin debate público y pactada por los dos grandes partidos, se ha convertido en síntoma del déficit democrático que perciben los ciudadanos.

El otro día comentaba el ejercicio de populismo hipster por parte de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, consistente en la repentina renuncia a seguir apoyando la reforma que aprobó su partido junto al PP del artículo 135 de la Constitución Española. Es decir, algo que en otros momentos hubiese calificado como populista, de repente se convierte en una buena idea, razonable y que merece apoyo. Populistas o hipsters siempre son los otros, no uno mismo.

Grafico2PSOEhipsterss

Porcentaje de estimación de voto (click para ampliar).

En mi opinión, este giro resulta lógico este giro en vista de la continua pérdida de apoyo en las encuestas del partido, que ha unido su suerte a la del de Mariano Rajoy. Si el otro día veíamos el porcentaje de estimación de voto del PSOE con los supuestos momentos en los que se producían los respectivos “efecto Rubalcaba” y “efecto Sánchez”, si incorporamos en el gráfico el porcentaje de estimación de voto del PP y de Podemos, se nos presenta una imagen bastante clara de eso que hace tiempo se viene llamando “crisis del bipartidismo”. Resulta curioso fijarse también en el bajón que pega el PSOE tras aprobarse la reforma constitucional en septiembre de 2011, mientras que el PP sube más de tres puntos.

 

El ejemplo marcado por el PSOE al introducir modificaciones en la norma fundamental del ordenamiento jurídico español, ha convirtiéndose en muestra de un cierto discurso de desconfianza en la población y en su voluntad. Y eso ha herido al PSOE. Es difícil proyectar una imagen de que valoras la opinión del pueblo que supuestamente te da legitimidad política, si para una reforma de la norma de mayor rango en su ordenamiento jurídico prescindes, no ya sólo de una consulta popular, sino directamente de un proceso de debate público, explicando los pros y contras de cada propuesta (no era necesario celebrar un referéndum, pero bastaba con que un 10% de los miembros del Senado o el Congreso de los Diputados lo hubiesen solicitado para que se hubiese convocado; algo que tanto PP como PSOE hubiesen podido hacer).

Como todos los discursos que han ido madurando y aposentándose en una organización, el que haya un gesto que lo contradiga no cambia las cosas de la noche a la mañana. Si bien puede ser el inicio de un cambio a largo plazo (incluso aunque sea por mero oportunismo), de lo que no cabe duda es de que dicho gesto va a encontrarse con resistencia de sectores que están más cómodos en la permanencia en ese discurso. Así, el antiguo ministro de Industria, Miguel Sebastián, junto a otros autores y el colectivo “Socialismo es libertad”, han publicado en El Mundo una dura crítica a la decisión de Pedro Sánchez, titulada “En defensa del 135” (que no se entiende muy bien por qué no se titula “En defensa de la reforma que aprobamos con el PP”, que es lo que defienden, porque “el 135” también era el artículo que cambiaron). Entre los adheridos a esta declaración crítica, se encuentra Roger Senserrich, politólogo que colabora en el blog Politikon. En este mismo medio, Senserrich publicó un artículo en el que precisamente ampliaba un poco las razones que daba para defender dicha reforma y oponerse al giro de 180 grados que ha dado Pedro Sánchez respecto al tema: “Sánchez y la engañosa irrelevancia populista”.

Dice Senserrich que “el primer objetivo de cualquier gobernante de izquierdas habría ser, por encima de todo, la estabilidad presupuestaria”. Este argumento me parece un tanto extraño. La principal prioridad de un gobernante de izquierdas, con toda la indefinición que eso de “izquierdas” conlleva, debería ser algo tan abstracto y general como garantizar el bienestar de su población y el acceso de ésta a servicios y prestaciones independientemente de su capacidad socioeconómica (se podrían añadir muchas cosas, pero pensemos en objetivos a corto plazo). Cuestión diferente será la forma mediante la que se puede alcanzar este objetivo. Lo que dice Senserrich sería como afirmar que “el primer objetivo de cualquier gobernante de izquierdas habría de ser el poner impuestos a saco”. Si bien tradicionalmente se ha asociado a la izquierda la idea de la redistribución material por vía fiscal, ésta no es más que es una vía para conseguir los objetivos deseados: pongamos que sean los de garantizar el bienestar de la población, el acceso a servicios y prestaciones públicas, la reducción de desigualdades, etc. Los impuestos son una vía, una forma de llegar a este objetivo, no el objetivo en sí. De igual manera, la estabilidad presupuestaria se puede ver como una vía para garantizar las prestaciones del estado de bienestar, pero no pude constituir en sí misma, “el principal objetivo de todo gobernante de izquierdas”, igual que no pude ser un objetivo el “crear nuevos impuestos”.

La segunda idea que me parece errónea de la defensa de la reforma del artículo 135 de 2011 que hace Senserrich es que la reforma fue un gesto “irrelevante”. Senserrich tiene razón al afirmar que la reforma no es más que un apéndice en legislación interna de lo que establecen los tratados europeos. Para Senserrich, entonces, la reforma introduce un “rango básicamente constitucional” porque “refuerza el mensaje, pero no la obligación legal” del límite de déficit. El problema no es la inexistencia de nada parecido a “rango básicamente constitucional” en Derecho (o una norma es constitucional o no). El problema es que esto, lejos de convertir en irrelevante la reforma, le confiere un carácter de síntoma especialmente grave del funcionamiento de nuestra democracia.

Desconfiar del pueblo

En la práctica, este razonamiento viene a decir que la norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, la piedra angular del sistema democrático que nos rige, no es tan importante, puesto que se puede modificar o no: es tan sólo un mensaje, la “obligación legal” ya la deciden unos señores en Europa. Ése es el problema de sugerir que estábamos atados por tratados “de rango básicamente constitucional” y que las modificaciones de la norma fundamental del ordenamiento jurídico no son tan importantes. Que la Constitución tiene el carácter fundamental que tiene en base, supuestamente, a una serie de presupuestos de teoría democrática: el hecho de que emana de la legitimidad que le confiere la soberanía nacional del pueblo. Es decir, la Constitución no es lo que es porque sea “una norma muy importante” (los tratados europeos son muy importantes también, e igual esto es lo que se quería transmitir con lo de que tenían “rango básicamente constitucional), sino porque supuestamente plasma en papel un documento que, gracias a emanar de la soberanía popular, sirve de cimientos para el ordenamiento jurídico y el sistema político.

Al aprobar una reforma como la que se realizó del artículo 135 a la ciudadanía española se le hurta la posibilidad, no ya de votar en referéndum que se modifique su Constitución, sino directamente de mantener un debate público, con argumentos enfrentados, señalando los pros y los contras de cada postura sobre esta reforma. Cabe preguntarse, pues, qué clase de democracia se entiende que existe cuando la aprobación de reformas de largo alcance y  se lleva a cabo de esta forma, con prisas y sin hacer partícipe a la ciudadanía.

No hablamos ya de los efectos económicos o de la utilidad del principio de estabilidad presupuestaria en sí (Mick Brooks señalaba cómo se trata simplemente de hacer que la crisis la sufran los trabajadores mediante el ataque a la posibilidad de gasto social del Estado) o de la reforma, temas que darían para un debate largo y tendido (Moisés Martín los comentaba ya en su momento). Hablamos de la posibilidad de siquiera tener ese debate en el foro público y esperar que tenga algún tipo de influencia en la política de nuestro país. Escamotear el debate a la ciudadanía española y promover la idea de que la reforma constitucional al final no era para tanto porque ya estábamos atados de pies y manos por tratados europeos sagrados, hace después muy difícil comprender noticias como que Francia e Italia hayan dicho que eso de la estabilidad presupuestaria suena muy bien, pero que igual no van a seguirlo a pies juntillas.

En la obra que ha sido el éxito del año, “El Capital en el siglo XXI”, el economista francés Thomas Piketty se refiere precisamente a estas maniobras de sacralización del principio de estabilidad presupuestaria en los textos constitucionales de los distintos estados miembros considerándolas innecesarias. Piketty es un economista que, con una cierta sensibilidad socialdemócrata (apoyó en su día a la candidata del Partido Socialista Francés, Segoléne Royale), está genuinamente preocupado por el problema de la desigualdad en las sociedades capitalistas. En esta página hemos publicado varias reseñas críticas de la obra de Piketty por parte de economistas marxistas u heterodoxos (de David Harvey, Michael Roberts, Mick Brooks o Yanis Varoufakis) que precisamente le achacan cierta sumisión a conceptos de la economía mainstream, con lo cual, dudamos que se le pueda acusar de “populista”.

Pues bien, la crítica que hace el propio Piketty a introducir el principio de estabilidad presupuestaria en los textos constitucionales es exactamente la que hemos descrito. Menciona cómo Japón, Estados Unidos o el Reino Unido, por ejemplo, nunca se han impuesto estos límites presupuestarios. Para él, estas decisiones, en Europa, son consecuencia de la decisión de crear una moneda única no vinculada a un estado y manteniendo deudas públicas separadas para cada estado miembro, así como déficits sin coordinar. En el capítulo 16, escribe (traduzco de la versión inglesa, aunque la versión en castellano y en valenciano creo que ya está disponible, negritas mías):

Hay un buen número de razones por las cuales no es muy razonable el sacralizar las restricciones presupuestarias en el texto constitucional o estatutario. Por ejemplo, la experiencia histórica nos sugiere que durante una crisis grave, a menudo se hace necesario tomar decisiones presupuestarias de emergencia de una escala que habría sido inimaginable antes de la crisis. Dejarles a los jueces constitucionales (o a un comité de expertos) la capacidad de juzgar tales decisiones caso por caso es dar un paso atrás en la democracia. En cualquier caso, otorgar el poder de decidirlo a los tribunales no está exento de riesgos. Ciertamente, la historia muestra que los jueces constitucionales tienen una desafortunada tendencia a interpretar las leyes fiscales y presupuestarias de forma muy conservadora. Este conservadurismo judicial es particularmente peligroso en Europa, donde ha habido una tendencia a ver la libre circulación de personas, bienes y capital como derechos fundamentales, a priorizar sobre el derecho de los estados miembros a promover el interés general de sus pueblos, si fuera necesario mediante la imposición de impuestos.

Y éste es el secreto de quienes utilizan el término “populismo” como arma arrojadiza: que como explica Joan Miró, arrastran una combinación de miedo a la irrupción de las masas en la vida política, de cuya voluntad desconfían, y preferencia porque ésta se restrinja a las decisiones de comités de “expertos”. Cuando las masas, el pueblo, se acaban cansando de ser ignorados y ven sus un canal para articular sus demandas (un nuevo partido, movimiento político o social), éste recibe el epíteto de populista. Pero como comentábamos anteriormente, el término transmite más sobre quien lo emplea que sobre lo que es designado con él. Y más en el caso que nos ocupa, en el que un partido puede hacer una cosa y al día siguiente la contraria, mientras sigue acusando al resto de “populistas”. Eso es el populismo hipster, la figura del que se atusa su vello facial perfectamente acicalado, mientras critica a los desharrapados de desaliñadas barbas que irrumpen en el Congreso portando sus pancartas en el rostro.

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