Las clases en la trumponomía IV

Cuarta entrega de la serie de artículos sobre la situación de la lucha de clases en EE UU escritos por el profesor David Ruccio y publicados en su blog.

Las clases en la trumponomía

El presidente electo Donald Trump ha heredado una economía tan dividida como su electorado. La cuestión es cómo será la economía cuando, en caso de hacerlo, se implementen las promesas nacional-populistas de derechas de Trump.

Como he demostrado en las tres entregas anteriores de esta serie de artículos, «Las clases antes de la trumponomía» (aquí, aquí y aquí), durante el curso de las últimas décadas y con la crisis financiera y la recuperación, la naturaleza de las clases en EE UU se ha transformado sobremanera. El capital ha sido capaz de extraer más plusvalía de los trabajadores estadounidenses y, mediante procesos combinados de financialización, globalización y concentración, ha conseguido llevar a cabo la realización de la plusvalía extraída de trabajadores tanto domésticos como del resto del mundo. El trabajo, también, se ha transformado radicalmente, y se ha debilitado por muchas razones, entre las que se encuentran la automatización, el descenso de la afiliación sindical, las disparidades étnicas y raciales, la inmigración y un bajo salario mínimo. En general, bajo los grotescos niveles de desigualdad que caracterizan a EE UU, se encuentran las fuerzas opuestas de una participación creciente del capital y decreciente del trabajo.

Así está la economía estadounidense en el momento en que Trump celebra su victoria y, junto con su gabinete, su equipo económico y un nuevo Congreso republicano, desarrolla un paquete de planes económicos para «hacer América grande de nuevo».

¿Cómo serán las cosas a partir de ahora? Hay, por supuesto, un alto grado de incertidumbre con respecto a los cambios que podemos esperar de las propuestas de la Administración Trump. Por una serie de razones, no sabemos cuáles serán esos planes —no solo porque Trump ha presentado diferentes versiones de sus «promesas» (y, en algunos casos, como salvar los trabajos de la planta de Carrier, ni siquiera recordaba haber hecho esa promesa en su campaña electoral), sino también porque los miembros de su gabinete y el Congreso republicano tienen ideas diferentes sobre lo que les gustaría que hiciera. Además, los sucesos inesperados en EE UU y en todo el mundo seguramente requerirán cambios en cualquier plan formulado o ya implementado.

Todo lo que podemos hacer, pues, es analizar los efectos potenciales de las propuestas que ha anunciado, asumiendo que serán al menos guías generales para las políticas que la Administración Trump y sus aliados intentan promulgar.

Mi idea no es analizar los efectos de todos los planes económicos asociados a Trump, su gabinete y su equipo económico y el nuevo Congreso, que van desde la revocación de la Affordable Care Act[1] hasta la renegociación de acuerdos de comercio internacional. En su lugar, quiero hacer hincapié en tres medidas que sonaron mucho durante la campaña y, por su tamaño e importancia, tienen la capacidad de alterar dramáticamente el panorama de la lucha de clases: recortes de impuestos, relajación de las regulaciones a los negocios y deportación de inmigrantes indocumentados.

Mientras que aún faltan detalles, la pieza central de la estrategia económica de Trump —como explicó en los discursos de Detroit y Nueva York— es un plan para bajar los impuestos tanto a los individuos como a las empresas. Mientras que otros se han centrado en si los números del plan son consistentes (no lo son, según Greg Ip, del Wall Street Journal) y sus efectos sobre la deuda pública (El Tax Policy Center dice que podría incrementar la deuda hasta el 80% del PIB en 2036), prefiero concentrarme en las implicaciones que tendrá en el panorama de la lucha de clases el plan de reforma fiscal.

No debería sorprender que, siguiendo el análisis del Tax Policy Center, los hogares de mayores ingresos resultarían los más beneficiados por las bajadas de impuestos individuales, tanto en dólares como en proporción al ingreso.

El quintil más alto de la población se beneficiaría de una bajada de impuestos de 16.660 $ (un aumento del 6,6% en el ingreso después de impuestos), el 1% más alto lograría una bajada de impuestos casi 13 veces mayor (214.690 $, o un 13,5% de ingresos después de impuestos), y el 0,1% de la cúspide se beneficiaría de una bajada de impuestos de hasta 1,1 millones de $ (un incremento del 14,2% de los ingresos después de impuestos). Por contra, la bajada de impuestos promedio para los hogares de menor renta sería de 110 $, un 0,8% de los ingresos después de impuestos. Los hogares de ingresos medios tendrían una bajada de impuestos de 1000 $, o 1,8% de los ingresos tras los impuestos.

Dado el hecho de que el ingreso de los contribuyentes de lo más alto proviene mayoritariamente de distribuciones de la plusvalía (en la forma de salarios de ejecutivos, intereses, dividendos y demás), el plan de reforma fiscal de Trump implica que podrán hacerse con más plusvalía de la que han podido absorber y podrán decidir individualmente qué hacer con su porción de este plusvalor: gastarlo en consumo ostentoso o utilizarlo para hacerse con aún más riqueza privada.

Trump también propone bajar el tope del impuesto de sociedades del 35% al 15%. Pero dado que el impuesto efectivo (16,1% en 2012, según la Oficina de Contabilidad del Gobierno de EE UU [pdf]) es mucho menor que el oficial, si se les exigiera a las corporaciones pagar el 15%, las cosas permanecerían más o menos igual. En otras palabras, las empresas estadounidenses no pagarían más de lo que ya pagan actualmente en forma de impuestos (y posiblemente menos, si el tipo efectivo cae por debajo del oficial), y la contribución de los impuestos empresariales al total de los impuestos federales (solo el 10,6% en 2015) seguiría siendo bajo según estándares históricos (era el 23% en 1966).

Es imposible predecir lo que harán las corporaciones con la parte de plusvalía no sujeta a la fiscalidad federal. Sin embargo, si se mantienen los patrones actuales, podemos esperar una continuación —e incluso una aceleración— de las fusiones y adquisiciones, recompra de acciones, e inversión para sustituir trabajo por capital, en robótica u otras formas de automatización que impulsarán los beneficios, en especial de las grandes corporaciones.

Tal como yo lo veo, el resultado de las bajadas de impuestos, tanto individuales como empresariales, que se han propuesto, es que se obtendrá un mayor volumen de plusvalía que se mantendrá en manos privadas y, por tanto, estará menos disponible —por los impuestos— para el gasto social. Y la única manera de evitar el crecimiento los déficits fiscales y la deuda federal (uno de los supuestos objetivos de los republicanos) será recortar en los programas de gasto federal, lo cual afectará sobre todo a los trabajadores y sus familias.

Durante la campaña presidencial, Trump también prometió «acabar masivamente con las regulaciones» —y según Stephen Mnuchin, designado secretario del Tesoro por Trump, la revisión de Dodd-Frank[2] es «la prioridad número uno en cuanto a las regulaciones». Aquí no hay una propuesta clara, pero es probable que se examinen cuatro aspectos de esta ley y quizá se dejen sin ejecutar o se revisen seriamente: controles de capital (la norma de que los ocho grandes bancos del país deberían mantener un mínimo de capital para protegerse frente a las pérdidas), «mayor supervisión» (lo que requiere que la Reserva Federal evalúe más de cerca los bancos superiores o iguales a 50 mil millones de dólares), la llamada regla Volcker (que veta a los bancos en la compraventa de propiedades y limita la inversión en fondos de cobertura y patrimonio privado por parte de los bancos comerciales y sus afiliados), y la Oficina de Protección al Consumidor de Finanzas (que regula la oferta de provisión de productos y servicios financieros bajo leyes federales).

Entre el rescate de TARP y la ley Dodd-Frank, la cantidad de plusvalía absorbida por el sector financiero ha recuperado sus valores, e incluso es ahora mayor (493,3 mil millones de dólares) que antes de la crisis (415,1 mil millones en 2006). Es probable, si la Administración Trump consigue revisar o revocar puntos clave de la nueva legislación, que las actividades financieras continúen expandiéndose y la plusvalía que consiguen desviar de otros sectores —en EE UU y el resto del mundo— continuará aumentando.

Finalmente, Trump prometió «priorizar los empleos, los salarios y la seguridad del pueblo estadounidense» estableciendo nuevos controles migratorios, con una serie de medidas destacadas en su plan de diez puntos. Que se llegue a un gran acuerdo depende de si la Administración es capaz o no de financiar las actividades requeridas para el plan, tales como la deportación de los alrededor de 11,1 millones de inmigrantes indocumentados (lo que exigiría grandes aumentos en la financiación por parte del Congreso para incrementar la fuerza laboral de agentes y jueces de inmigración, a fin de poder manejar todas esas deportaciones de forma legal, por no mencionar el reto logístico de colocar a todos esos migrantes, muchos de los cuales llevan años en el país, con fuertes lazos familiares y comunitarios). Desde mi punto de vista, lo que es más probable es que haya un gran acuerdo para hablar acerca contener la inmigración (con fuertes medidas selectivas antiinmigración), que servirán para aumentar el miedo entre las comunidades migrantes y hacer menos probable que los trabajadores indocumentados acudan a pedir asistencia a las agencias privadas y públicas.

Los beneficiados de tal campaña contra los trabajadores indocumentados serán, obviamente, sus empleadores, en especial en industrias como la agricultura, el mantenimiento, la construcción y la industria alimentaria (según el Pew Research Center). Podrán seguir contratando mano de obra agrícola, criadas, encargados, operarios y cocineros a sueldos inferiores a los de los migrantes legales y los trabajadores nacionales, además de someterlos a más violaciones de la legislación laboral (incluyendo salarios mínimos, horas extra y demás)[3]. Y debido a que los trabajadores indocumentados serán aún más clandestinos, y contarán con menos alternativas viables, muy probablemente se debilitará la posición tanto de los migrantes legales como de los trabajadores con bajos salarios también empleados en esas industrias, aumentando así los beneficios de las empresas que contraten a cualquiera de estos tres grupos de trabajadores.

Si bien debemos ser cautos a la hora de hacer análisis sobre los efectos de las promesas y propuestas de la Administración Trump, por las razones expuestas arriba, es probable que veamos una versión acelerada o sobrealimentada —en lugar de una moderación, y mucho menos una inversión— de las dinámicas de clase de la economía estadounidense de los últimos años y décadas. Es una buena ocasión para las corporaciones que se apropian de la plusvalía de los trabajadores, así como para los individuos ricos que consiguen hacerse con una parte de esa plusvalía, que podrán extraer aún más plusvalía, y seguirán pudiendo tomar sus propias decisiones privadas sobre qué hacer con ella. Por su parte, el sector financiero probablemente continuará creciendo en importancia, con aún menos límites o salvaguardas, canalizando más plusvalía hacia los beneficios de los bancos y las compañías de seguros y los salarios de sus empleados con mayores sueldos. Y una campaña contra los trabajadores indocumentados sin duda empeorará su situación, debilitándolos frente a los empleadores, igual que ocurrirá con el resto de trabajadores con bajos salarios, tanto nativos como migrantes.

Por lo tanto, creo que las transformaciones de clase que han caracterizado a la economía estadounidense, entre el trabajo y el capital, seguirán dándose de una manera incluso más intensa que hasta ahora bajo la nueva Administración. El único cambio real que concibo, al menos ahora, es el deseo de Trump de dirigirse a grupos y entidades específicas según su sentido populista de derechas del «interés nacional», que puede servir para desviar la atención de las desigualdades y las injusticias inherentes al actual conjunto de instituciones económicas.

Por otro lado, las acciones de Trump pueden acabar parodiando la arrogancia y la ignorancia de las elites existentes y así, aunque irónicamente, desenmascarando esas desigualdades e injusticias.

[1] Se trata de la controvertida ley Obama de reforma de la Sanidad en EE UU. No hay una traducción al castellano definitiva, por lo que hemos preferido mantenerla en inglés (N. del T.)

[2] La ley Dodd-Frank de Protección al Consumidor y Reforma de Wall Street.

[3] Según un relevante sondeo de 2009 de miles de trabajadores, realizado por Annette Bernhardt y otros (pdf), el 37% de los migrantes indocumentados fueron víctimas de violaciones de la ley de salario mínimo a manos de sus empleadores (no se les pagó el salario mínimo legal). Y un extraordinario 84% de los trabajadores migrantes indocumentados que trabajaron a jornada completa no recibieron compensación por las horas extra, esto es, no se les pagó la tasa legal de hora y media de salario por hora extra trabajada en una semana que superaba las 40 horas.

, , ,

Sin comentarios todavía.

Deja un comentario